A pesar de representar solo el 8,28 % de la población mundial (Statista, 2022), los países latinoamericanos aportan el 33 % de homicidios a nivel global. Este hecho convierte a la región de Latinoamérica y el Caribe en una de las más violentas del mundo, más aun teniendo en cuenta que en promedio hay una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes (InSight Crime, 2023), lo que supera el triple de la media a nivel global que es de 5,79 por cada 100.000 habitantes (UNODC, 2023).
Este panorama se hace más complejo si se añaden causas sociales, culturales, políticas, económicas y de seguridad tales como el aumento en la producción de cocaína, el tráfico de armas, la migración, así como la delincuencia común y el crimen organizado nacional y transnacional. Estos factores representan un gran desafío para los Estados a la hora de administrar justicia y propender por la protección de vidas y bienes de sus ciudadanos.
Bajo este panorama, surgen varios interrogantes: ¿Qué estrategias se deben implementar para evitar la comisión de delitos?, ¿cómo se puede mitigar su impacto en la tranquilidad, bienestar y confianza de la ciudadanía?, ¿qué medidas se deben tomar para reducir las acciones delictivas?, ¿cuáles deben ser las características de un sistema que garantice bajos niveles de impunidad en el momento de la operación de justicia?, ¿por qué y cómo gestionar la reincidencia de los autores, las conductas y las víctimas de los delitos?, ¿qué decisiones se deben tomar para implementar un sistema de resocialización e integración del delincuente en la sociedad?, ¿cómo influye la administración de justicia en el desarrollo de un país? Estas son algunas preguntas que están inmersas en el campo de la política criminal. El presente artículo no pretende responder a todas estas cuestiones en un solo tratado; sin embargo, inicialmente el objetivo se enfoca en que el lector comprenda e identifique quées la política criminal y su relevancia en el ejercicio de derechos, libertades y deberes de los ciudadanos, así como la acción e intervención del Estado como actor principal en el diseño, implementación y promoción de las condiciones de convivencia pacífica en su territorio.
Para los efectos que interesan al tema, se entiende la política como “la actividad humana de la toma de decisiones públicas con autoridad” (Caramani, 2020, p. 2). Son públicas porque, en principio, pueden referirse a cada aspecto de la vida en sociedad (2020, p. 2). Las decisiones políticas pueden aplicar a todos los que forman parte de una determinada ciudadanía o vivir en un territorio específico —un Estado— y en todas las áreas — religión, ambiente, economía, etc.—. Y vienen provistas de autoridad porque el gobierno que toma tales decisiones está investido con el —más o menos legítimo— poder para hacerlas vinculantes, lo cual significa que están soportadas por la posibilidad de sancionar a los individuos que no las cumplen. “Las autoridades” tienen la facultad, de forzar a los individuos a para cumplir por medios coercitivos (Caramani, 2020). La política es entonces, el ejercicio del poder[1] de tomar tales decisiones.
Por otro lado, la palabra crimen cuya raíz griega krei (separar) dio lugar al latín cernere (tamizar, discriminar, distinguir) y finalmente fue apropiada por los romanos en el concepto de criminis (cargo, acusación, falta, ofensa, condena) para referirse a aquel individuo que debía separarse de la sociedad al realizar un acto reprochable ante el orden establecido.
En este sentido, lo criminal se empieza a formalizar en el derecho romano para establecer conductas antisociales establecidas en la ley y que, por lo tanto, deberían propender a la separación entre inocentes y culpables con una consecuencia sancionatoria para los últimos. Así, desde finales del siglo XIV, el significado de crimen evoluciona como aquella “ofensa castigable por la ley; acto u omisión que la ley castiga en el nombre del Estado” (Online Etymology Dictionary, 2020). A partir de esta base conceptual, a finales del siglo XVIII surgen corrientes de pensamiento como el utilitarismo promovido por el inglés Jeremy Bentham (1748 – 1832), quien enunciaba que la sanción debía cumplir unos fines de transformación del delincuente para evitar su reincidencia al mismo tiempo que contribuye y retribuye a la sociedad una vez cumple la pena privativa de la libertad, toda vez que, insistía Bentham, los centros carcelarios eran “escuelas del crimen” y no estaban logrando el fin de resocialización del individuo (situación que hoy aún se presenta en muchos países a nivel global). Aunque el utilitarismo sigue influyendo en el desarrollo del sistema penitenciario y carcelario en el mundo, la preponderancia de los derechos humanos, los cambios propios que conllevan los tiempos, y las condiciones particulares de cada sociedad en la actualidad requieren que estas políticas se reformulen.
Esto es más evidente en la mayoría de países en desarrollo —como Latinoamérica y el Caribe—, donde se tiene la percepción de que la forma de luchar contra el crimen se logra a través de la prevención general negativa, es decir, la formulación de leyes que endurezcan las penas, cuyos resultados han conllevado a situaciones como populismo punitivo, superpoblación de las prisiones e infraestructura institucional débil con altos niveles de corrupción, sistemas de investigación criminal y judicialización desbordados en capacidades técnicas, tecnológicas y humanas; esto ha demostrado ser ineficiente para disminuir el delito y, por el contrario, ha incrementado la sensación de impunidad en los ciudadanos que cada vez más son víctimas de los delincuentes, lo cual está directamente relacionado con elevados índices de reincidencia.
Frente a este diagnóstico, que probablemente es bien conocido por los lectores, se requiere de manera urgente la formulación de una política criminal proactiva —no reactiva—, diseñada e implementada a través de la toma de decisiones por parte de legisladores y servidores públicos competentes, audaces, pero sobre todo responsables con la función que cumplen. Además, es vital la participación de la sociedad civil, la academia y el sector productivo para que se genere cohesión, confianza y legitimidad en la lucha contra la delincuencia; pero son temas que deben ser tratados con más detalle.
¿Ustedes que opinan estimados lectores?
Referencias Bibliográficas
Caramani, D. (2020). Comparative Politics. Oxford University Press.
InSight Crime. (2023). Balance de InSight Crime de los homicidios en 2022. InSight Crime: https://es.insightcrime.org/noticias/balance-insight-crime- dhomicidios-en-2022/
Crime. (2020, March 18). Online Etymology Dictionary. https://www.etymonline.com/word/crime
Statista. (2022). Demografía. Statista. https://es.statista.com/estadisticas/634787/distribucion-de-la- poblacion-mundial-en–por-continente/
UNODC. (2023, June 26). dataUNODC. United Nations. https://dataunodc.un.org/dp-intentional-homicide-victims-est
ELKIN SALCEDO
Escribe en el área de Seguridad, sobre Política e investigación criminal.
Perfil
Teniente Coronel en retiro de la Policía Nacional con 24 años de servicio. Actualmente es asesor senior internacional de paz, seguridad ciudadana y resolución de conflictos, , especializado en el análisis de las causas de la guerra y los procesos para la resolución de conflictos a través de un compromiso significativo.
EDUCACIÓN A DESTACAR
Magister en Relaciones Internacionales, 2021.
Universidad Cristiana Internacional – ICU Tokio (Japón)
Magister en Derecho (LL.M.) en Crimen y Justicia Transnacional, 2012.
Instituto Interregional de Investigación en Crimen y Justicia de la Organización de Naciones Unidas (UNICRI) en coordinación con la Facultad de Derecho Universidad de Turín (Italia)
Especialista en seguridad, 2018. Escuela de posgrados de policía (Colombia)
Sus pregrados como administrador policial y abogado, han sido complementados con diversos estudios en Colombia y el exterior en aspectos de la seguridad y la lucha contra la criminalidad.