La paciencia está agotada. Y se cuentan los días para que culmine la actual administración; bogotanos, turistas y visitantes nacionales y extranjeros, están hastiados de lo invivible que se ha vuelto la capital del país. La impotencia, el desánimo y el temor, son el sentimiento generalizado, y pese a haber disminuido 3 puntos, la victimización, se expande a nuevos lugares de la ciudad. Es duro afirmarlo, pero estamos presenciando una Bogotá insegura, inmovilizada y deteriorada, resultado de una gestión fallida que no logra superar la agobiante problemática de intranquilidad, tráfico vial, informalidad y ornato público que impacta negativamente el comercio, la seguridad, el orden, el crecimiento y el medio ambiente.

Desde los años 80, el tráfico de Bogotá no llegaba a niveles de congestión como ahora. La medición de la firma TomTom Traffic Index para 2022, clasifica el tráfico vehicular en 390 ciudades de 56 países y ubica a Bogotá en la décima más congestionada del mundo y en la segunda en Latinoamérica después de Lima (Perú), el año pasado fue la tercera; y el viacrucis cotidiano para quienes ingresan y salen de Bogotá es permanecer hasta 3 horas en el carro para lograr su destino. Y ni hablar del transporte público, donde el matoneo, la delincuencia, el desorden, los vendedores informales, los habitantes de calle, la molestia de inmigrantes, el colatón, los accidentes de tránsito y la destrucción de los portales, son un verdadero dolor de cabeza. Con el agravante de que la capacidad de respuesta Distrital es lenta, no llega, es casi nula; los vidrios rotos no se reemplazan, las puertas automáticas no se reaparan, los graffitis no se borran, la basura no se recoge, y los huecos ya son parte del deplorable paisaje.

Al estado agónico de la movilidad, se suma la creciente percepción de inseguridad, la informalidad y el acumulado deterioro del ornato público. Solo basta con entrar y salir de la ciudad, el paisaje es deprimente, tramos de zonas arborizadas que separan los carriles en las autopistas, canales, parques y espacios públicos, están invadidos de roedores, cambuches, colchones, muebles abandonados, fogones humeantes, basura, ropa colgada, vendedores ambulantes, y familias de inmigrantes venezolanos, con niños confundidos entre habitantes de la calle, consumidores de boxer y drogas, y ladrones siempre de vigías para cazar a la siguiente víctima. Los escombros son arrojados al Río Bogotá, agudizando su existencia ya bajo amenaza, donde su mayor contaminación, un 90 %, ocurre precisamente en la cuenca media que atraviesa la capital y Soacha.

Las prácticas situacionales, es decir, la recuperación y conservación del espacio público, son cruciales en la prevención del delito, el fomento de la cultura, el arte y el deporte, la reducción de la molestia ciudadana, la protección del medio ambiente, el bienestar social y el desarrollo económico. En 2016 se recuperó El Bronx, y el homicidio se redujo en 61 % en el sector; pocos años después, proliferan tenebrosos “cartuchitos”, es decir, guaridas de la perdición, que acechan constantemente a habitantes y transeuntes en zonas como el barrio María Paz de Kenedy cerca a Corabastos, en la Cra. 30 con Sexta, en la Plaza España, en la Décima con Sexta y en las postrimerías del Terminal El Salitre. También subsisten campamentos en otros barrios acondicionados como centros de consumo y venta de estupefacientes y hasta campos de adoctrinamiento anárquico y revolucionario. Así lo confirmó en algún momento la inteligencia Policial ante la bandada de la denominada “Primera Línea”.

El deterioro y abandono del ornato público, el pésimo estado de la malla vial, el pobre alhumbrado público, el obsoleto sistema de semaforización y la precaria señalización, tienen relación directa con la percepción de inseguridad, y claro, propicia nichos de oportunidad para el delito, como viene ocurriendo con el incremento de 8 de 12 delitos de impacto en lo transcurrido del año, 22 feminicidios y el hallazgo de 37 cuerpos con señales de tortura. Las disidencias de las FARC, el temible Tren de Aragua y La Línea (frontera con Venezuela), el Primer Comando Capital – PCC (Brazil) y el ELN, despliegan operaciones criminales en la capital, están en disputan por el control de territorios y se han enfrentado violentamente en algunos barrios de la ciudad y áreas connurbanas.

La Alcaldesa Mayor ha endurecido su posición contra la criminalidad ad portas de culminar su mandato, también ha demostrado mayor apoyo a las autoridades, ha movilizado mayores recursos para la seguridad, y ha exigido de manera reiterada el fortalecimiento del pie de fuerza policial, lo que no ha podido alcanzarse. Pero no ha logrado recuperar los pésimos indicadores de inseguridad que son el karma de la capital y que se mantienen desde el comienzo de su administración, hoy en día en un 77 % según la Cámara de Comercio, mientras el 64 % de los comerciantes, por ejemplo, se sienten muy inseguros de acuerdo con Fenalco.

El esfuerzo policial, a todas luces sobrehumano, con muchos pendientes acumulados, no es suficiente y para que la entropía, el desorden, el abuso y la degradación delictiva no avancen, se requiere mayor eficacia en la respuesta-solución efectiva e integral por parte de la Alcaldía. Apostándole agresivamente a la automatización inteligente de la seguridad en la ciudad, ampliando los mecanismos de participación ciudadana en la resolución de los conflictos, mejorando la cobertura y eficiencia de las casas de justicia, superando el 400 % de hacinamiento de las estaciones de policía y ejercitando procesos focales de veeduría a las alcaldías locales. En San Salvador, ciudad que tuve la oportunidad de visitar recientemente, pude constatar el nuevo ambiente de tranquilidad, seguridad y convivencia, el mejoramiento es ostensible, la inversión, la economía y el turismo crecen, al compás del apoyo ciudadano al carácter y la estrategia del gobierno; en suma, el impacto de los equipos de inteligencia, investigación, operativos y de justicia que actúan 24/7 para resolver de manera inmediata cada hecho delictivo, ha sido categórico.

Una ciudad colapsada y deteriorada, es el espejo de una ciudad insegura, afeada, confundida en la penumbra, sin enfoque en el cuidado preventivo, y donde los descomunales esfuerzos de la Policía terminan siendo estériles y efímeros, como ocurrió con el obsoleto Programa Nacional de Policía de Cuadrantes. Y ahora, a las obras del Metro de Bogotá y Transmilenio de la 68, se suman las iniciativas, poco inteligentes y al parecer con cálculo electoral de la alcaldesa, plasmadas en dos proyectos de ley que buscan quitarle autoridad a la Policía Nacional en la imposición de comparendos, y la creación de una policía local para Bogotá, otro esperpento que solo conllevaría al recrudecimiento de la corrupción —que no es menor en la actualidad—, a mayor debilitamiento del ejercicio de autoridad y a la politización de una profesión, que si bien, no ha sido ajena a la influencia politiquera, ha logrado sobrellevar y superar episodios muy lamentables de influencias indebidas con intereses políticos y corruptos en las últimas dos décadas particularmente.

Finalmente, en plena campaña electoral, no se aprecian candidatos con programas de seguridad estratégicos para cambiar diametralmente la inseguridad de la ciudad. Se observan, como es natural en la politiquería crónica de nuestro país, propuestas que justifican el delito, de legalización de la criminalidad y la violencia, marcadas por el desespero de la coyuntura, muy afines a la necesaria, pero desgastada, inútil y perversa contención, contención, contención, algunas de ficción, otras payasescas proliferando en tik toks, y muy pocas atinadas, con foco y dirección para sacar, a la capital de todos los colombianos, de la compleja realidad que hoy afronta.