La implementación de los Acuerdos de La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC ha sido objeto de evaluación y seguimiento por parte de entidades como la Fundación Kroc (alemana) y la misión de la ONU. Al revisar los informes técnicos, se evidencian varios puntos críticos que han experimentado retrasos significativos, impactando negativamente en la implementación del modelo y erosionando la confianza entre las partes. Este fenómeno afecta especialmente la Paz territorial, generando incertidumbre en los territorios donde debería fortalecerse la construcción del modelo acordado en La Habana. Paradójicamente, es en estas áreas donde se han detectado reciclajes de violencia y presencia de actores armados, dando lugar a un nuevo planteamiento por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro denominado «Paz total».
La propuesta de «Paz total» es más amplia, inclusiva y arriesgada, implicando negociaciones o sometimiento, no solo con quienes han cometido delitos políticos, sino también con el crimen organizado, bandas delincuenciales, grupos disidentes de la Ley 975 (autodefensas) y el proceso con FARC (Marquetalia). Esta apuesta innovadora y pragmática sigue polarizando la discusión nacional sobre los acuerdos de La Habana, su legalidad tras el plebiscito del NO, y su implementación, que enfrenta vicisitudes y retrasos por diversos factores.
La conexión entre la implementación de lo acordado en La Habana y la política pública denominada «Paz total» es crucial para la estabilización territorial y la consecución de una paz real que abarque la ruralidad, generando esperanza entre la ciudadanía. Este análisis busca encontrar sincronías entre lo planteado inicialmente, los avances logrados y los desafíos que presenta «Paz total». El objetivo es identificar acciones concretas necesarias para construir una paz viable y sostenible.
La implementación inicial incluía una reforma agraria integral, reconociendo la importancia de la tenencia y uso de la tierra para el desarrollo, estabilización y expansión de fronteras agrícolas. Se propuso la adquisición de un banco de tierras de tres millones de hectáreas y la titulación temprana de tierras con tenencia extraordinaria. Aunque se ha avanzado en estos aspectos, el modelo carece de acompañamiento técnico, capital semilla y garantías para la comercialización. Es esencial fortalecer la capacitación tecnológica del agro, involucrando a los campesinos en agremiaciones o cooperativas de exportación solidaria. Además, se debe acelerar la implementación de modelos de placas huellas y vías terciarias para reducir costos asociados a la producción.
La transformación agrícola en Colombia se percibe como un desafío y una ventana de oportunidad valiosa —desde una perspectiva personal—, esta iniciativa no requería discutirse con las FARC, ya que representa una posibilidad para que el país se convierta en una despensa agrícola global, aprovechando eficientemente los puertos disponibles, además es de destacar la importancia de contar con Planes de Ordenamiento Territorial Agrarios (POTA), que ofrecen pautas específicas sobre qué, dónde y cuándo sembrar, optimizando la rentabilidad. No obstante, se observan deficiencias en las gerencias de encadenamiento en la implementación desde el agro, lo que ralentiza el progreso necesario.
En cuanto al tema de víctimas, crece la preocupación con relación a la ruta de restablecimiento y reparación integral. En particular, en el punto de resarcimiento económico, el Estado se ha quedado corto en los retornos y reubicaciones (Ley 1448). La presencia de grupos armados ilegales y disidencias de FARC y ELN en medio de los acuerdos de «Paz total» ha llevado a un aumento de amenazas en los territorios, copando territorios en los que no habían existido amenazas de estos grupos; según la Defensoría del Pueblo, pasaron de 126 a casi 300 los municipios amenazados, dificultando los procesos de retorno y reubicación. Esto crea un círculo vicioso ya que, sin retorno, las comunidades continúan en situación de vulnerabilidad en ciudades principales e intermedias. Además, la falta de recursos para la reparación de las víctimas plantea la necesidad de buscar soluciones mediante la justicia transicional y el aporte de recursos por parte de terceros mencionados, investigados o involucrados en procesos anteriores, Ley 975 y acuerdo de la Habana, la justicia transicional lo permite.
La política pública «Paz total», busca minimizar la violencia, proteger a los civiles y desmantelar grupos armados a través de procesos de negociación y sometimiento. La Ley 418, modificada por la Ley 2272 de 2022, otorga al Presidente la facultad de adelantar diálogos exploratorios con organizaciones delincuenciales. Este enfoque abarca tanto a aquellos involucrados en delitos políticos como a quienes, habiendo participado en procesos de paz, no podrían participar como actores políticos y deberían someterse en condiciones especiales diferenciadas, Además, busca desactivar a todos los actores mediante procesos mixtos, considerando lecciones aprendidas de procesos anteriores. Se pretende evitar dejar a alguien armado en los territorios, asegurando una transición pacífica. Este concepto se relaciona directamente con los cinco puntos del acuerdo de paz en La Habana, estableciendo una conexión coherente entre los esfuerzos pasados y presentes.
Al focalizarnos en dos puntos críticos, la reforma agraria integral y la estabilización territorial, encontramos luchas entre facciones de antiguas FARC, ELN y Autodefensas Gaitanistas – AGC en torno a las rutas del narcotráfico y los cultivos ilegales. La erradicación y sustitución de estos cultivos son fundamentales para evitar conflictos, y la fuerza pública debe desempeñar un papel crucial, desplegándose con más capacidades, tecnología de punta, con la claridad conceptual del cumplimiento de las funciones Constitucionales de proteger a toda la población civil, en la totalidad del territorio Colombiano y sin asomo de dudas del marco de fuera a utilizar en DIDH o DIH y trabajando de la mano de la comunidad.
La titulación acelerada de tierras es vital para garantizar la estabilidad del modelo de paz, pero la falta de claridad conceptual en los decretos de cese al fuego, sin cese de hostilidades y concentración ha generado confusiones y desafíos en la implementación del modelo. Es necesario seguir el modelo acordado con las FARC, sin permitir que grupos armados ilegales interpreten una patente de corso para reclutar, expandirse y controlar territorios.
Desde la perspectiva de las víctimas, las violencias en los territorios siguen generando nuevos hechos y desincentivando la participación en los procesos de paz, la pérdida de confianza en los procesos es un obstáculo significativo para la reparación integral, requiriendo una atención urgente y acciones concertadas para restaurar la confianza.
La implementación de los Acuerdos de La Habana y la política de «Paz total» son cruciales para la estabilización territorial y la construcción de una paz real en Colombia desde las regiones
Los desafíos en la reforma agraria, la atención a víctimas, la seguridad de los firmantes del acuerdo, así como la lucha frontal contra el narcotráfico, pasan por la desactivación de grupos armados, mediante negociación, o sometimiento en situaciones especiales o incluso imposición de la paz, lo cual exige una acción rápida y coordinada para asegurar el éxito del proceso de paz. La colaboración armónica entre entidades del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional será fundamental para superar los obstáculos y avanzar hacia una paz sostenible y duradera, en la que estamos comprometidos todos los Colombianos, pues traería progreso, inversión y desarrollo, en donde se presenta la polarización, es en el punto de qué ceder, hasta dónde ceder y cuántas veces más ceder.
Carlos Soler
Escribe en el área de factores conexos, sobre Paz, Defensa y Seguridad