Las Fuerzas Armadas en la Protección de la Infraestructura Crítica: ¿Una Solución a la Delincuencia?

La delincuencia en el continente ha traspasado, para muchos, los límites en los cuales podía ser contenida a través de las fuerzas policiales, requiriéndose el involucramiento de las fuerzas armadas bajo el pretexto de la protección de la infraestructura crítica del país, sin medir adecuadamente los impactos que aquello implica. Este artículo busca poner en relevancia los factores negativos que este tipo de iniciativas podrían acarrear.

El Contexto Continental

Hoy por hoy, la delincuencia rural y urbana en el continente encarna el primer lugar entre las preocupaciones que aquejan a la ciudadanía, superando con creces a los demás problemas sociales. En el caso de Chile, se sitúa muy por encima de la inflación, el desempleo, la migración y la corrupción (IPSOS, 2023), cuestionando el accionar de las autoridades y, muy especialmente, a las leyes vigentes, así como a los jueces y entes persecutores, por encima de las policiales.

Como es sabido, ante problemas de gran envergadura producto de catástrofes, revueltas sociales, pandemias u otras, tanto la población como sus autoridades ven en las fuerzas armadas el salvavidas al cual se puede recurrir a fin de precaver o mitigar los efectos que se presentan sin medir, realmente, las consecuencias de aquello. Para ello recurren, por lo general, a las denominadas excepciones constitucionales que, bajo ciertas circunstancias, permiten el empleo de las fuerzas armadas al interior del país.

Recurrir a esta táctica para enfrentar la delincuencia se ha trasformado en un modus operandi que ha generado fuertes debates ya que, si bien para algunos resulta ser una herramienta eficiente, para otros revaloriza el rol y prestigio de las fuerzas armadas, en detrimento de su ideología política, y para cierto grupo representa una desnaturalización de su función principal.

La Protección a la Infraestructura Crítica: Una Nueva Línea de Acción

Como paliativo a los cuestionamientos legales y sociales que conlleva el empleo de las fuerzas armadas en el combate directo de la delincuencia y a la sobreexplotación de la excepcionalidades constitucionales, se ha dado fuerza a la “protección de la infraestructura crítica”, como cobertura para dichos efectos.

En general, lo que se pretende con esta norma es que el Ejecutivo pueda disponer que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica cuando exista peligro grave o inminente que afecte su normal funcionamiento, entendiéndose por tal a:

La infraestructura crítica comprende el conjunto de instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica esencial, al medioambiente o a la seguridad del país. Se entiende por este concepto la infraestructura indispensable para la generación, transmisión, transporte, producción, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como energía, gas, agua o telecomunicaciones; la relativa a la conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria, y la correspondiente a servicios de utilidad pública, como los sistemas de asistencia sanitaria o de salud. (Ley 21542, 2023)

En opinión de algunos, puede contribuir a desincentivar la comisión de actos delincuenciales; sin embargo, su amplitud es tal que ampararía el despliegue militar al interior del país con una amplia discrecionalidad,

Un Análisis Multisectorial

Para García y López (2023), desde una mirada legal y constitucional, se plantean serias dudas sobre la legalidad y la constitucionalidad de tal medida impactando en la separación de las tareas del Ministerio de Defensa y de aquel encargado de la seguridad pública. En el mismo orden de ideas, la inexistencia de adecuadas reglas de uso de la fuerza que den un efectivo respaldo legal y político al personal desplegado los pone en peligro frente a los delincuentes y posibles demandas judiciales.

Desde lo social, la presencia militar en funciones de seguridad interna puede tener efectos adversos en la percepción pública de estas. La experiencia internacional demuestra que la militarización de la seguridad interna, frecuentemente, conduce a una erosión de la legitimidad del Estado (Pérez, 2022).

En lo operativo, las Fuerzas Armadas están capacitadas para hacer frente a amenazas externas de carácter militar. Por consiguiente, el asignarle nuevas tareas policiales involucraría, necesariamente, nuevas competencias lo que podría afectar su capacidad operacional (Torres, 2024).

Conclusiones

La delincuencia es un flagelo que afecta el desarrollo de la sociedad y existe la percepción de que se encuentra desbordada. El empleo de las fuerzas armadas en su contra es una solución que cobra cada vez más sentido en el continente, especialmente, entre autoridades que buscarían una solución parcial y momentánea del problema, sin medir los efectos que ello acarearía a los propios uniformados y a sus países.

Coincidiendo en que la protección de la infraestructura crítica es esencial para la seguridad y el desarrollo de las naciones, utilizarla como excusa para la militarización de la lucha contra la delincuencia pareciera acarear más problemas que soluciones, las que, sin duda, podrían encontrarse en la reorganización de la funciones policiales, en el aumento de la inversión en tecnologías, en la cooperación internacional y entre el sector público y privado y fundamentalmente, en la revisión de las leyes vigentes así como del actuar de los persecutores y jueces, quienes, no sin razón, tienen una muy baja credibilidad ciudadana.

Referencias Bibliográficas

García, M., y López, F. (2023). Legalidad y límites del uso militar en seguridad interna.  Universidad de Chile.

IPSOS. (2023). Global advisor: What worries the world. oct 2023.

Ley 21542 Chile. (2023). Modifica la carta fundamental con el objeto de permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las fuerzas armadas, en caso de peligro grave o inminente.

Pérez, D. (2022). Militarización y derechos humanos: Lecciones de América Latina. Revista de Estudios Políticos, 176(3), 104-127.

Torres, A. (2024). Fuerzas Armadas y seguridad interna: Un análisis operativo. Revista Chilena de Seguridad y Defensa, 5(2), 88-102.