En la entrega anterior se arguyeron las razones por las cuales la corrupción es considerada como un fenómeno de crimen organizado trasnacional; sin embargo, no es una condición exclusiva, es un fenómeno que ha permeado todos los niveles de la sociedad, y no necesariamente tiene una genesis internacional; aún así, no es posible estar de espalda a la realidad y particularmente a las enseñanzas del caso Odebrecht, en la aplicación del concepto “La Captura del Estado”. Junto con los colegas Mayra Alejandra Gamba y Jorge Eliécer Rodríguez se abordó el caso Lava Jato precisamente, para ejemplificar lo tratado en la entrega anterior.

En términos de complejidad, el esquema usado por Odebrecht para sus actividades delictivas llegó a un nivel de sofisticación pocas veces visto. Reflejo de esto fue la creación de la DOE (Departamento de Operaciones Estructuradas) en el año 2006, que funcionaba como un departamento de sobornos dentro de la compañía. Para llevar a cabo sus tareas, la DOE manejaba sistemas de comunicación y contabilidad paralelos, operaba empresas fantasmas con el fin de lavar el dinero irregular, y gestionaba tratos especiales con entidades bancarias en países con fuertes resguardos del secreto bancario. De esta forma, la división garantizaba que los pagos ilícitos fueran realizados sin dejar rastros, dando así garantías de seguridad a las contrapartes involucradas. De esta manera, la empresa institucionalizó la corrupción dentro de su organigrama (CAF, 2019, p. 24)

Una estación de gasolina y lavado de carros (Posto da Torre) ubicada en Brasilia, fue utilizada para enviar dinero al exterior a paraísos fiscales (países de baja cooperación internacional – GAFI), dinero que tenía origen en actividades ilícitas; dicha gasolinera reportaba ingreso de servicios que no prestaba, ya que estos eran producto sobornos pagados a la Estatal Petrobras; las autoridades brasileñas descubrieron que entre 2010 y 2014, Posto da Torre lavó millones de dólares (Durand, F, 2018).

Para el caso particular, Marcelo Odebrecht confirmó tener un esquema en su organización, con un departamento que se encargaban de hacer pagos a manera de soborno a través de diferentes maniobras como la creación de empresas fachada, contratos falsos entre esas empresas, contratos de asesorías que nunca se hicieron, con pagos en diferentes cuentas y circulación entra las mismas cuentas de banco, inclusive comprando bancos para que, bajo su control, no se aplicaran limitaciones o trámites adicionales para dar circulación al dinero. Versión que fue confirmada gracias a la delación premiada de Ángela Palmeira, una secretaria de este departamento quien conocía las relaciones y los flujos de dichos dineros, que pueden evidenciarse en la tabla 1 (Durand, F., 2018).

Tabla 1

Pagos de sobornos y beneficios resultantes

Nota. Transparencia Internacional, 2016, citado por Durand, 2019.

Las actividades de corrupción no solo ocurrieron en Brasil, sino que permearon varios países de Latinoamérica, todo con la intención de recibir adjudicaciones de contratos, que significaban sobrecostos en las obras cuyos excedentes les permitía hacer pagos de facilitación (coimas), e inclusive financiar campañas políticas, para así asegurar la adjudicación de obras de infraestructura de gran envergadura. Para el caso venezolano la Planta Hidroeléctrica de Tocoma; en Perú, la Carretera Costa Verde; en México, la Refinería de Tula en Hidalgo. Gracias a la gestión de Loxoya que en principio operó activamente en la campaña presidencia del Peña Nieto y luego como ejecutor en su cargo de director de la empresa estatal de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Colombia, no sería ajena a esta actividad; para el caso de la Ruta del Sol, una obra adelantada por una concesionaria de la que hacían parte por Odebrecht, Corficolombiana y el Grupo Solarte. Eluberto Martorelli, representante de Odebrecht en Colombia confirmaría diversos pagos a manera de soborno que se hicieron en Colombia, como los aportes a las campañas presidenciales de 2018 a Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, y posteriormente, la campaña de reelección de Santos, este último con dineros desviados de la obra, Ruta del Sol. Este proyecto contó con la participación de Odebrecht con el 63 %, Corficolombiana (del grupo AVAL) con el 34 % y con un porcentaje bajo Carlos Solarte (del grupo Solarte), siendo este proyecto de que Gabriel García Morales, exviceministro de transporte se benefició con una coima de 6.5 Millones de dólares, (Guzmán Castaño, 2018).

 Como Conclusión, las iniciativas de orden interagencial deben promover aspectos que permitan transparentar las operaciones del Estado, logrando identificar, tanto a los beneficiarios finales como el origen de fondos, tal como ocurre en el sector privado a través de la actividades de debida diligencia de las contrapartes. Esto significa, analizar la pertinencia de una política que se logre alinear con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, para que sea interés de la administración del Estado, y logre estar en la agenda. Este tipo de iniciativas debe identificar los límites, de tal manera, que resista los intereses políticos partidistas, y que se blinde el Estado a una potencial intención de su captura, ya sea por parte del cabildeo político o los poderes e influencias corporativas, en otras palabras, la iniciativa debe resistir la concentración del poder político y el poder económico, en especial, a través del compromiso del carácter de la sociedad y el uso de sus Instrumentos de poder sobre la política, como las acciones populares. Colombia ha publicado su CONPES 4070 Lineamientos de Política para la Implementación de un Modelo de Estado Abierto que contempla, entre otros, unas líneas de asociadas a la Transparencia y acceso a la información, la Integridad pública la Legalidad y lucha contra la corrupción, el Diálogo y corresponsabilidad y la Innovación pública, tomando como base, los Esfuerzos presupuestales para la transición hacia un Estado abierto, los mecanismos desarticulados para la gestión preventiva de conflictos de intereses en las entidades públicas, la respuesta institucional limitada ante hechos de corrupción y otras conductas indebidas. 

En consecuencia, la definición de la política pública debe fortalecer la garantía del derecho de acceso a la información pública que permita un diálogo transparente e informado entre la ciudadanía y el Estado, así también, desarrollar la cultura de integridad pública como elemento fundamental para hacer prevalecer el interés público sobre el privado, consolidar la capacidad institucional de lucha contra la corrupción y la cultura de la legalidad para fortalecer la gestión pública y lograr el equilibrio entre expectativas ciudadanas y respuestas institucionales. Y así, Robustecer los procesos de corresponsabilidad entre actores para la generación de valor público y la resolución conjunta de problemas públicos e impulsar iniciativas de innovación pública como una herramienta transversal para consolidar procesos guiados hacia un Estado abierto (CONPES, 2021).

Referencias Bibliográficas

CAF (2019). Integridad en las políticas públicas: claves para prevenir la corrupción. RED 2019. http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1503

Consejo Nacional Política Económica y Social. (2021). Lineamientos de Política para la Implementación de un Modelo de Estado Abierto.

Durand, F. (2018). Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos. Fondo Editorial de la PUCP. 

Guzmán Castaño, N. (2018). Estudio de caso: Odebrecht [Disertación doctoral, Universidad EAFIT).