“El futuro de Colombia reside en sus océanos. La capacidad de una nación para desarrollarse como potencia regional depende, en gran medida, de su habilidad para aprovechar estratégicamente sus espacios marítimos”.

 

Almirante Ernesto Durán González.

Excomandante de la Armada de Colombia.[1]

 

[1] En Armada Nacional de Colombia. (2018). Estrategia Marítima para una Colombia Azul. Ministerio de Defensa Nacional, Bogotá.

Resumen                                                         

Colombia se encuentra en una encrucijada estratégica frente a su condición bioceánica. El presente artículo analiza los desafíos fundamentales del Poder Marítimo nacional como fundamento para el desarrollo sostenible del país en el periodo 2026-2030, identificando brechas críticas en gobernanza, seguridad integral marítima, generación de conocimiento, ordenamiento territorial y desarrollo económico marino-costero. Se propone una agenda de Estado que trascienda las diferencias partidistas y garantice una política de largo plazo para consolidar a Colombia como potencia bioceánica sostenible, aprovechando su extenso territorio marítimo, su posición geoestratégica entre dos océanos y su proximidad al Canal de Panamá. La proyección marítima no constituye únicamente un imperativo de seguridad nacional, sino una condición sine qua non para el desarrollo económico, la equidad regional y la inserción competitiva del país en las dinámicas comerciales globales del siglo XXI.

En el marco de una Colombia bioceánica como realidad geopolítica y, al mismo tiempo, un desafío estratégico nacional, el desarrollo de un completo y acertado análisis estratégico del país debe fundamentarse siempre en su privilegiada condición bioceánica (Uribe-Cáceres, 2024). No podría ser de otra forma cuando el 44,86% de su extensión total es marítima, equivalente a 928.660 km² de los 2’070.408 km² de superficie total del país. Esta realidad geográfica debe prevalecer en cualquier propósito serio de construcción de futuro para los colombianos.

Colombia es el único país de Suramérica con acceso directo a dos océanos, condición que comparte con apenas 21 de 193 naciones en el mundo. Sus 4.171 km de costa (2.582 km en el Caribe y 1.589 km en el Pacífico) generan once fronteras internacionales: seis exclusivamente marítimas en el mar Caribe (República Dominicana, Haití, Jamaica, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), tres marítimo-terrestres (Panamá, Ecuador y Venezuela), y dos únicamente terrestres (Brasil y Perú) (Uribe-Cáceres, 2024). Esta configuración fronteriza confirma la relevancia de la condición bioceánica y de la realidad fronteriza marítima del país.

Sin embargo, Colombia no ha aprovechado ampliamente el potencial de sus océanos y recursos, ni su ubicación geoestratégica entre el Pacífico y el Atlántico (CONPES 3990, 2020). Menos aún ha capitalizado su vecindad con el Canal de Panamá ni su proyección hacia alta mar y la Antártica. A pesar de que más del 90 % del comercio exterior colombiano se moviliza por vía marítima, el país mantiene niveles insuficientes de conciencia marítima, inversión en capacidades navales y desarrollo de sus comunidades costeras.

1.- Desafíos estructurales del Poder Marítimo colombiano: diagnóstico para una agenda de Estado

El Poder Marítimo trasciende la dimensión militar-naval y abarca la capacidad integral del Estado para usar el mar en beneficio de sus intereses nacionales (Till, 2007). Incluye aspectos diplomáticos, económicos, científicos, tecnológicos, ambientales y de defensa. Para que Colombia se proyecte como potencia bioceánica en el horizonte 2026-2030, resulta imperativo abordar cinco desafíos estructurales identificados en el CONPES 3990 (2020, pp. 13-69) y en la Estrategia Marítima para una Colombia Azul (Armada de Colombia, 2018, pp. 77-86).

1.1 Desarticulación institucional y bajos niveles de gobernanza oceánica

El primer y más crítico desafío reside en la fragmentación institucional que caracteriza la gestión de los asuntos marítimos en Colombia. Existen más de cien actores institucionales –27 entidades del Gobierno nacional, 26 regionales y 46 locales– (CONPES 3990, 2020, p. 17) que se relacionan con los espacios oceánicos, costeros e insulares, pero sin una arquitectura institucional robusta que garantice coordinación efectiva, asignación eficiente de recursos y continuidad de políticas públicas.

La Comisión Colombiana del Océano (CCO), aunque constituye un importante espacio de articulación interinstitucional, posee carácter asesor y concentración en el nivel nacional, careciendo de alcance vinculante y presencia efectiva en los ámbitos regional y local. Esta debilidad institucional ha limitado históricamente la implementación de las políticas oceánicas nacionales: tanto la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros (PNOEC, 2007, actualizada en 2017) como la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI, 2000) han enfrentado obstáculos significativos derivados de la ausencia de mecanismos de coordinación, seguimiento y rendición de cuentas interinstitucionales.

Para el periodo 2026-2030, resulta fundamental la creación de un Sistema Bioceánico Nacional (SBN) con carácter multisectorial y alcance en los gobiernos nacional, regional y local. Este sistema debe garantizar la articulación permanente entre entidades territoriales, sectores económicos y niveles de gobierno, dotándose de instrumentos de planificación, indicadores de gestión y mecanismos de financiamiento sostenible que trasciendan los ciclos políticos cuatrienales (CONPES 3990, 2020, p. 60).

1.2 Brechas críticas en soberanía, defensa y seguridad integral marítima

La soberanía y la seguridad integral marítima constituyen pilares fundamentales para que un país aproveche las potencialidades que genera el mar. Sin embargo, Colombia enfrenta brechas significativas en sus capacidades para ejercer presencia efectiva, control territorial y protección de sus intereses marítimos en los 928.660 km² de territorio oceánico.

El país cuenta actualmente con medios navales y aeronavales limitados para garantizar una cobertura efectiva del territorio marítimo nacional. Esta insuficiencia se agrava considerando que las unidades estratégicas de la flota –fragatas adquiridas en la década de 1980 y submarinos de finales de la década de 1970– alcanzarán en la presente década entre 40 y 50 años de servicio, respectivamente, superando ampliamente los estándares internacionales de vida útil para este tipo de plataformas:

La antigüedad de la Flota Naval y el alto ritmo operacional que se ha impuesto a los medios ha venido disminuyendo sus capacidades operacionales, a la vez que se ha acumulado obsolescencia técnica en equipos y sistemas. A esto se suma un entorno en el que las necesidades de presencia naval y de cobertura van creciendo, pero de manera contraria los recursos económicos no acompañan al ritmo oportuno la satisfacción de tales necesidades. (PDN 2042, p. 37)

La modernización y el fortalecimiento de las capacidades navales no constituyen un capricho presupuestal sino una necesidad estratégica que requiere planeación de largo plazo. El Estado debe proyectar con un horizonte mínimo de 30 años las acciones necesarias para mejorar progresivamente el alcance de su capacidad estratégica, evitando que la urgencia o una coyuntura política obliguen compromisos financieros insostenibles en el corto plazo. Esta proyección debe incluir no solamente la adquisición o desarrollo de unidades a flote, sino también la infraestructura portuaria, la doctrina operacional, la organización, el material de apoyo y el personal especializado necesario para sostener operaciones navales complejas.

En materia de seguridad integral marítima y fluvial, Colombia debe fortalecer el Servicio Nacional de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Ayudas a la Navegación para regular y controlar efectivamente el tráfico que surca sus mares. Con ocho estaciones de control de tráfico marítimo para cubrir 4.171 kilómetros de costa, las capacidades actuales resultan insuficientes frente al volumen de comercio marítimo que representa el 98 % de las transacciones internacionales del país (CONPES 3990, 2020, p. 27). Adicionalmente, se requiere la actualización del marco jurídico marítimo nacional –actualmente basado en el Decreto 410 de 1971 y el Decreto Ley 2324 de 1984– para armonizarlo con los instrumentos internacionales aprobados por Colombia y las dinámicas del comercio global contemporáneo.

1.3 Déficit en generación de conocimiento, cultura y conciencia marítima nacional

La baja conciencia marítima de los colombianos limita la consolidación de Colombia como potencia bioceánica. Esta limitación se manifiesta en tres dimensiones críticas: ausencia de contenidos oceánicos en la educación básica y media, reducida oferta de formación superior especializada en ciencias del mar y sostenibilidad precaria de las estrategias de investigación científica marina.

Los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional para la educación básica y media en ciencias naturales y sociales no establecen contenidos mínimos específicos relacionados con el mar y el territorio marino-costero, perpetuando el desconocimiento generacional sobre las potencialidades y responsabilidades que implica la condición bioceánica del país. Esta falencia educativa se refleja posteriormente en la limitada oferta de formación técnica, tecnológica y profesional relacionada con ciencias del mar: existen únicamente 47 programas de pregrado (6 técnicos, 26 tecnológicos y 15 universitarios) y 40 programas de posgrado (18 especializaciones, 10 maestrías y 12 doctorados) en todo el territorio nacional. De otra parte, expediciones científicas como ‘Seaflower’, ‘Pacífico’ y las misiones antárticas han sido financiadas en más del 80% por la Armada y Dimar (p. 37), lo que evidencia vulnerabilidad financiera.

Se requiere, entonces, un modelo diversificado de financiamiento y la inclusión curricular obligatoria de contenidos oceánicos en todos los niveles educativos.

1.4 Deficiencias en ordenamiento territorial y gestión de ecosistemas marinos

Colombia cuenta con una institucionalidad consolidada para la gestión del territorio continental, pero presenta debilidades significativas en los instrumentos de ordenamiento de los espacios oceánicos, costeros e insulares. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011) y sus decretos reglamentarios no incluyen el ordenamiento marítimo como parte del ordenamiento territorial, generando un vacío normativo que dificulta la planificación integral del territorio nacional.

En materia ambiental, aunque el 13,80% del territorio marino-costero se encuentra bajo alguna figura de conservación (37 áreas marinas protegidas que abarcan 12’817.181 hectáreas), existen necesidades apremiantes en los instrumentos de planificación y manejo de estos ecosistemas. Así mismo, la gestión, control y vigilancia de estas áreas resultan insuficientes para prevenir actividades ilegales como la pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR).

Reformar la política de ordenamiento territorial para incluir explícitamente los espacios marinos es prioridad para el periodo 2026-2030.

1.5 Bajo desarrollo de actividades económicas marítimas y rezago de municipios costeros

Las actividades económicas relacionadas con los océanos presentan un desarrollo incipiente en Colombia, desaprovechando el potencial que representan para el crecimiento económico y la generación de empleo. Sectores como transporte marítimo, turismo marino-costero, pesca y acuicultura, industria naval, minería costa afuera, energías renovables marinas y bioprospección marina enfrentan obstáculos estructurales que limitan su consolidación. La industria naval colombiana, aunque cuenta con capacidades significativas representadas en la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar), adolece de infraestructura tecnológica limitada y baja inversión en modernización de procesos productivos.

El rezago en el desarrollo local costero constituye quizás la manifestación más dramática del desaprovechamiento del potencial bioceánico. Los municipios costeros, particularmente los del Pacífico, presentan indicadores socioeconómicos significativamente inferiores al resto del país: la cobertura de acueducto en el Pacífico alcanza apenas el 33% frente al 70% del resto de Colombia; la calidad y cobertura de la educación media muestra rezagos importantes que limitan la competitividad y el desarrollo; y la medición del desempeño municipal arroja que los municipios del Pacífico se encuentran 10 puntos por debajo del promedio nacional. Urge priorizar estos municipios en la asignación de recursos y desarrollar la economía azul como motor de crecimiento.

2. Lineamientos estratégicos para una política de Estado 2026-2030

La construcción de Colombia como potencia bioceánica sostenible en el horizonte 2026-2030 requiere de una agenda de Estado que trascienda las diferencias partidistas y garantice continuidad más allá de los ciclos políticos. Los siguientes cinco lineamientos estratégicos, fundamentados en el análisis de los desafíos identificados, deben orientar las decisiones de política pública del próximo gobierno.

2.1 Fortalecimiento de la gobernanza institucional bioceánica

La creación del Sistema Bioceánico Nacional, como instancia de coordinación interinstitucional con capacidad vinculante en todos los niveles para articular las actividades de las entidades públicas, privadas y de la sociedad civil relacionadas con los océanos, es fundamental. Debe fortalecerse la Comisión Colombiana del Océano mediante la ampliación de sus facultades, recursos financieros y capacidad técnica, permitiéndole ejercer efectivamente su rol de rectoría en la formulación, coordinación y seguimiento de la política oceánica nacional. La consolidación del Sistema Nacional de Información Oceánica y Costera, como plataforma integrada de datos, facilitará la toma de decisiones informadas basadas en evidencia científica.

En el ámbito internacional, Colombia debe potencializar su participación en los escenarios multilaterales relacionados con los océanos, posicionándose como actor protagónico en la Década de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030) proclamada por Naciones Unidas y en los mecanismos de gobernanza del régimen de áreas marinas más allá de la jurisdicción nacional.

2.2. Modernización de capacidades para soberanía y seguridad integral marítima

La Armada de Colombia debe elaborar un Plan de Desarrollo Naval a 30 años que permita alcanzar la cobertura del territorio marítimo y que establezca las etapas, recursos y mecanismos para alcanzar progresivamente la cobertura efectiva del territorio marítimo nacional. Es clave modernizar flotas, infraestructura, doctrina y ajustar el marco jurídico al contexto internacional.

La seguridad integral marítima requiere la instalación de estaciones adicionales de control de tráfico marítimo para aumentar la cobertura sobre las líneas de comunicaciones marítimas, así como la modernización del Sistema de Ayudas a la Navegación con tecnologías de última generación.

2.3. Promoción de la conciencia marítima y generación de conocimiento oceánico

El Ministerio de Educación Nacional debe incluir en los lineamientos curriculares para la educación básica y media, contenidos específicos relacionados con el territorio marino-costero, la condición bioceánica del país y los intereses marítimos nacionales. Esta inclusión curricular debe complementarse con la formación docente especializada y el desarrollo de materiales pedagógicos que permitan a las nuevas generaciones apropiarse de la identidad marítima nacional.

En educación superior, se requiere una estrategia coordinada entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y las instituciones de educación superior para incrementar significativamente la oferta de programas académicos relacionados con ciencias del mar, ingenierías oceánicas, economía azul y gestión marino-costera. El SENA debe fortalecer y actualizar periódicamente –conforme a estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI)– los programas de formación para la gente de mar.

La sostenibilidad del Plan Nacional de Expediciones Científicas debe garantizarse mediante un esquema de financiamiento diversificado que involucre recursos del Presupuesto General de la Nación, inversión privada, cooperación internacional y mecanismos de ciencia abierta que maximicen el aprovechamiento de los resultados de investigación.

2.4. Armonización del ordenamiento territorial con los espacios marinos

La reforma de la Política General de Ordenamiento Territorial debe incluir explícitamente el ordenamiento de los espacios marinos, costeros e insulares, estableciendo determinantes nacionales que orienten la formulación de los instrumentos de ordenamiento territorial departamentales y municipales. Los planes de ordenamiento territorial de los 46 municipios costeros deben incorporar obligatoriamente la Planificación Espacial Marítima, herramienta que permite ordenar las múltiples actividades que se desarrollan en el mar de manera compatible y sostenible.

2.5. Impulso a las actividades económicas marítimas y desarrollo local costero

El Gobierno Nacional debe formular una Estrategia Marítima Nacional 2026-2030 que identifique sectores prioritarios, metas cuantificables y mecanismos de financiamiento para impulsar el desarrollo de actividades económicas marítimas sostenibles. Esta estrategia debe incluir al transporte marítimo y los puertos, el turismo marino-costero, la pesca y acuicultura sostenibles, la industria naval, las energías renovables y la bioprospección marina.

El desarrollo local costero requiere un enfoque diferencial que reconozca las particularidades socioculturales, ambientales y económicas de las regiones Caribe y, especialmente, la del rezagado Pacífico colombiano. Los 46 municipios costeros deben ser priorizados en la asignación de recursos del Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías buscando cerrar tradicionales brechas sociales.

Reflexión final

Colombia se encuentra en un punto de inflexión histórico. La próxima administración 2026-2030 tiene la responsabilidad –pero también la oportunidad– de consolidar definitivamente al país como potencia bioceánica sostenible, trascendiendo décadas de desaprovechamiento del potencial que representan sus 928.660 km² de océanos, su posición geoestratégica única en Suramérica y la riqueza de sus ecosistemas marinos.

Este no constituye un asunto ideológico ni partidista. Se trata de un imperativo de Estado fundamentado en realidades geográficas irrefutables, oportunidades económicas concretas y amenazas estratégicas identificables. Los océanos gobiernan el comercio mundial, albergan la mayor biodiversidad del planeta, regulan el clima global y concentran recursos energéticos y minerales vitales para el futuro de la humanidad. En ese contexto, las naciones que comprendan y aprovechen su vocación marítima prosperarán; aquellas que permanezcan de espaldas al mar quedarán rezagadas.

El desarrollo del Poder Marítimo colombiano no puede seguir dependiendo exclusivamente de la visión, recursos y capacidades de la Armada Nacional. Se requiere un compromiso integral del Estado, una participación decidida del sector privado, un involucramiento activo de la academia y la sociedad civil, y un reconocimiento inequívoco por parte de la clase política de que los océanos constituyen un activo estratégico para el crecimiento económico, la equidad regional y la seguridad nacional.

La historia juzgará severamente a aquellos líderes que, contando con el privilegio de gobernar un país bioceánico, no hayan sido capaces de trascender la estrechez de la visión continental-andina que ha caracterizado la construcción del Estado colombiano. Pero también reconocerá con honor a quienes tengan la valentía, la visión y la determinación de liderar la transformación de Colombia en una verdadera potencia bioceánica sostenible.

El mar nos espera. Los colombianos del futuro merecen que actuemos con la urgencia y la ambición que este momento histórico demanda. No hay más tiempo que perder: ¡en los océanos reside, sin duda alguna, nuestro futuro!

 

Referencias bibliográficas

Armada de Colombia. (2018). Estrategia Marítima para una Colombia Azul. Ministerio de Defensa Nacional, Bogotá.

Armada de Colombia. (2021). Plan de Desarrollo Naval 2042. Bogotá.

CONPES 3990. (2020). Colombia potencia bioceánica sostenible 2030. Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.

Till, G. (2007). Poder marítimo: una guía para el siglo XXI. Instituto de Publicaciones Navales.

Uribe-Cáceres, S. (2024). Colombia: su extensión real y sus once límites fronterizos. Revista GEODESE, Bogotá.

Uribe-Cáceres, S. (2021). Estrategia marítima: evolución y prospectiva (2da ed.). Escuela Superior de Guerra, Bogotá.