Reflexiones sobre la Militarización y el Control Civil en Colombia. 

Resumen 

A partir de diversas formas discursivas de militarización, el control civil democrático se ha visto cuestionado en los últimos años en diferentes democracias del mundo. En el caso de Colombia, las élites colombianas han construido una infraestructura política que permite ejercer el control civil democrático de manera integral, y los militares han reconocido la importancia de distanciarse de la clase dirigente y de las tensiones entre las decisiones políticas corruptas y los objetivos constitucionales. 

Introducción 

La relación entre los discursos de militarización y el control civil democrático en Colombia tiene al menos cuatro elementos para la discusión. El primero, tiene que ver con el cómo la estructura de relaciones de poder conformada por la cooperación entre élites civiles les ha permitido ejercer control sobre los militares ahondando en el discurso de la militarización, las formas de satanización y securitización implementadas en el país. El segundo, se relaciona con el hecho de que estas estructuras de poder también han promovido la subordinación de los militares a través de formas de interacción que han variado con los movimientos políticos, incluyendo la aplicación de diversos mecanismos de intrusión. En tercer lugar, la instrumentalización racional originada en la desconfianza de los militares hacia los civiles (Watson 2000), la evolución histórica de esa relación y una percepción generalizada de rezago en los asuntos militares a finales de los años noventa, llevaron a los mandos militares a promover la modernización con base en dos aspectos clave: la legitimidad en la acción (Ospina 2014) y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (Kalmanovitz 2018) como medio para ganar la guerra contra los grupos guerrilleros y el crimen organizado transnacional. Esta nueva perspectiva reforzó tanto el papel de Estados Unidos en Colombia como las exigencias de legalidad derivadas de su asistencia militar. También contribuyó a que los militares se sometieran voluntariamente a obedecer la voluntad política en el sector de la defensa. Todo ello ha hecho que, a pesar de la implicación de los militares en el conflicto interno, y en contra de la teoría, su intervención en política haya sido mínima y prevalezca el control civil en el país. 

El control civil y la militarización en Colombia 

En las democracias consolidadas, el orden natural de las cosas es que el despliegue interno aumente el poder de los militares. Sin embargo, este no es el caso en algunos lugares del mundo donde el proceso político se desarrolla de forma diferente. Colombia es uno de estos casos. En cuanto a las relaciones cíviles-militares colombianas, la opinión generalizada es que, durante la segunda mitad del siglo XX, las élites civiles y los militares establecieron un pacto para abordar las cuestiones de seguridad nacional. Según esta visión dominante, el pacto otorgó a los militares plena autonomía en cuestiones de seguridad nacional y desafió el control civil. Sin embargo, aunque no se puede hablar de una subordinación ideal de los militares a la autoridad civil, en varios episodios de tensiones entre las élites civiles y militares, los civiles han sido capaces de ejercer el control sobre las fuerzas armadas utilizando un conjunto diferente de mecanismos intrusivos y no intrusivos. En general, han logrado imponer su voluntad política y mantener su libertad en las decisiones de seguridad nacional. La mentalidad militar era la de la disciplina frente a los políticos. En lugar de que los militares empujaran a los civiles a un segundo plano, han sido las élites civiles las que han cooptado el poder del Estado y han dominado el discurso de resolver los problemas utilizando la fuerza no como último recurso disponible, sino como parte de la forma de gobernar. 

De hecho, el papel de las élites civiles en diferentes momentos de la historia de Colombia es clave para entender su control sobre los militares incluso cuando el proceso de militarización cobró importancia. Evocando una frase cuya autoría se disputan diferentes personas, «Colombia es un país de cosas únicas, donde los civiles hacen la guerra y los militares, la paz.» Para entenderlo es crucial describir la configuración de las élites civiles y cómo han logrado controlar el poder. Colombia tiene una estructura política única basada en la estrecha cooperación entre las élites que han liderado el proceso de militarización. La exclusión, la cooperación y la solidaridad entre ellas han sido, entre otros, poderosos mecanismos que les han permitido mantener el control sobre la tierra, sobre el aparato económico, sobre los órganos de justicia y el ejercicio del poder político tanto a nivel nacional como local. Ruhl (1981) investigó algunas particularidades de las relaciones cíviles-militares colombianas durante la segunda mitad del siglo XX, cuando ocurrieron golpes militares en toda América Latina, y señaló que «los militares colombianos permanecen obedientes a la autoridad civil porque la élite política civil continúa demostrando su unidad, sus capacidades gubernamentales y su sustancial apoyo popular». Rodríguez (2018) llegó a una conclusión similar al analizar la situación a finales del siglo XX y principios del siglo XXI y cómo esta unidad política permitió «enmarcar la contrainsurgencia en términos de seguridad facilitada por el militarismo civil -donde la bandera de la “seguridad” significaba “guerra”– colapsando efectivamente las distinciones entre guerra y seguridad en la práctica y permitiendo que una sociedad altamente militarizada» mantuviera el control sobre los militares. Como se puede observar, la cúpula militar nunca ha formado parte de las élites del país a pesar de su activa participación en la cotidianidad del país. En este contexto, el poder de maniobra de los militares siempre ha sido limitado. 

Mantener el control civil en un entorno militarizado implica considerar también los mecanismos intrusivos y no intrusivos que han desarrollado los distintos gobiernos. Han utilizado estrategias de poder como la destitución de oficiales de alto rango, la generación de rivalidad interservicios, especialmente entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y el control a través de la supervisión detallada de las acciones de guerra. En los últimos cincuenta años, ha habido por lo menos siete ocasiones en que más de 30 generales, almirantes y coroneles han sido retirados del servicio por orden del gobierno por comentar o impugnar las políticas gubernamentales en materia de seguridad nacional y los retiros por rotación en la cúpula militar ha servido de excusa para reorganizar la élite militar a su acomodo. La sistematicidad de estas destituciones, como la sucedida a comienzos del gobierno del actual presidente Gustavo Petro, muestra cómo el Gobierno ha podido ejercer su capacidad de retirar a su antojo a los altos mandos sin cambiar radicalmente la relación entre los civiles y la organización militar. Adicionalmente, como se muestra en los Informes del Ministerio al Congreso entre 1998 y 2022, y como señalan Bruneau y Goetze (2019), los ministros de defensa civiles han aumentado el control de las actividades administrativas y operativas sobre los militares. Hoy, prácticamente todo proceso de gestión, operación o control tiene un nivel medio o alto de supervisión civil. 

Sobre la base de esta infraestructura anteriormente explicada, incluso cuando los militares han sido desplegados para hacer frente a amenazas internas, han entendido que «para ganar la batalla», la legitimidad es un aspecto crucial y, por lo tanto, han obedecido las órdenes de los civiles. Para explicar esta aparente contradicción, hay que entender cuatro aspectos de esta decisión. En primer lugar, después del gobierno militar del general Rojas Pinilla (1953-1957), los militares comprendieron que su intervención en política siempre iba a ser utilizada por las élites para evadir la responsabilidad política por la ingobernabilidad del país. Esta experiencia se complementó con los aprendizajes de los efectos adversos en la organización militar de los gobiernos autoritarios en distintos países de América Latina en la década de 1980. Por ello, ni siquiera en el peor escenario de los años noventa, cuando el país corría el riesgo de fracasar, los militares pensaron en una intervención severa en la política. Como lo describen Ospina & Marks (2014), la legitimidad se convirtió en el centro de gravedad para imponerse en el conflicto entre el Estado y los grupos guerrilleros. Esa legitimidad ha incluído la obediencia a la Constitución y a las autoridades civiles elegidas. Los militares empezaron a aparecer como la institución más fiable junto con la iglesia, y eso generó una respuesta positiva por parte del gobierno y de la población, por lo que la obediencia siempre ha sido la opción correcta. Esto, las Fuerzas Militares colombianas, lo han integrado en su ADN siendo por ello reconocidas por la población cómo la institución estatal con mayor grado de favorabilidad en las encuestas de opinión pública. 

Bruneau, Thomas and Goetze Jr., Richard B. (2019). From Tragedy to Success in Colombia: The Centrality of Effectiveness in Civil-Military Relations. Perry Center Occasional Paper. Washington: William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies. 

Kalmanovitz, Pablo (2018). Entre el deber de protección y la necesidad militar: oscilaciones del discurso humanitario en Colombia, 1991-2016. Latin American Law Review, 1: 33-60 

Ospina, Carlos. (2014). Los años en que Colombia recuperó la esperanza. Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. 

Ospina, Carlos, and Thomas Marks. 2014. Colombia: Changing strategy amidst the struggle. Small Wars & insurgencies 25 (2): 354-371. 

Rodríguez, Saul. 2018. Building civilian militarism: Colombia, internal war, and militarization in a mid-term perspective. Security Dialogue, Vol. 49(1-2) 109–122 

Ruhl, Mark. (1981). Civil-Military Relations in Colombia: A societal explanation. Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol 23, No. 2: 123-146 

Watson, Cynthia. 2000. Civil-Military Relations in Colombia: A workable relationship or a case for fundamental reform? Third World Quarterly 21 (3): 529-548.