¿Por qué está ganando el narcotráfico? Parte 2.

La dimensión real del narcotráfico y sus ganancias, así como la forma en que destruye todo y a todos, es el más claro ejemplo del modelo extractivista corporativo, concentración territorial y daño social, con sesgos ideológicos que buscan un nuevo enfoque, ignorando las realidades económicas, territoriales y de seguridad.

Según la ONU, el total de hectáreas cultivadas hasta 2022 era 326.000, produciendo 2304 toneladas de cocaína[1]. Y en una década, la producción colombiana se multiplicó más de 3,5 veces, la peruana se duplicó y en Bolivia aumento 49 %. Con un precio por gramo de USD 10 en Suramérica, USD 20 en Centroamérica y Caribe, y USD 84 en Europa Occidental y Central. Lo cual permite entender en sus reales dimensiones el alcance de esta amenaza y lo que serán capaces de hacer quienes de ella se benefician con tal de cuidar sus intereses.

Pero los cultivos ilegales no son la única causa del daño ambiental generado por la producción de cocaína. Los productos químicos utilizados para procesar la hoja de coca se están arrojando al campo, contaminando el suelo y las fuentes de agua. Se necesitan aproximadamente 500 kilos de sustancias químicas para producir 1 kilo de cocaína.

En el Acuerdo de París, quedó establecido que, para cumplir la meta de no calentar el planeta en más de 2 grados centígrados antes de 2030 es necesario preservar ecosistemas estratégicos como el amazónico. Pero, de acuerdo con resultados de un estudio de la Global Forest Watch y la Universidad de Maryland, Colombia figura en la lista de los diez países que perdieron más hectáreas de bosques primarios en 2022, los cuales tardará décadas en recuperar, claramente, solo si hoy dejaran de estar bajo control del narcotráfico.

Las regiones de expansión del fenómeno comienzan a concentrar la siembra en ciertas zonas, lo cual indica que la ausencia de soberanía por parte de los estados ha permitido que, con total tranquilidad, los narcotraficantes se acostumbren y aprovechen ese abandono territorial para expandir las zonas de cultivo, pues saben que no habrá afectaciones a su negocio ilegal (ONU, 2023).

Con respecto al tema del narcotráfico, Colombia se plantea, entre otras, como innovadora alternativa de solución, una reforma agraria para redistribuir la posesión de tierras o dársela a quienes no la tienen. Aunque la propuesta no tiene en cuenta que los mayores acumuladores y acaparadores de tierra son las organizaciones Farc, Eln y Clan del Golfo —ejemplo indudable de “modelo extractivista corporativo”[2]—, quienes por décadas, la han tomado por la fuerza para su explotación, dejando como rehenes a millones de campesinos y campesinas a quienes obligan a trabajarla bajo amenaza de muerte y ofreciendo, si acaso, algún dinero a cambio, por lo general muy poco, dado que estas organizaciones imponen el precio a su voluntad.  

Complementando su modelo extractivista corporativo y destructor del medio ambiente, con delitos conexos como la minería ilegal; según el último informe sobre explotación de oro de aluvión 2022 de Naciones Unidas, en 45 % de los territorios con extracciones ilegales de oro, se identificaron también cultivos de coca, siendo el oro utilizado para el lavado de activos ilegales, corrupción y trata de personas por grupos del crimen organizado (UNODC Región Andina y Cono Sur, 2023).

Según esa misma entidad, para 2021 más de 200.000 hogares en Colombia dependían del cultivo de coca, que cubría 204.000 hectáreas de tierra. Si se suman las personas que se ganan la vida de manera menos directa con el cultivo de coca como recolectores, comerciantes agrícolas y otros, el número de hogares se eleva a 400.000 y en su mayoría son familias campesinas pobres con escasa presencia de gobierno, convirtiéndose así en un ejército de esclavos de esas organizaciones y de los líderes políticos a quienes esto les conviene.           

Mediante mecanismos de presión violenta y pasiva, se somete a campesinos e indígenas a cultivar la planta de coca y adoptar mecanismos de acción violenta presuntamente para su “autoprotección”, frente a las acciones de autoridades y entidades legales del estado. Intimidando a todo ciudadano que “no se someta”, y manipulando o actuando en forma violenta contra cualquier organización real de control social, veeduría o participación ciudadana que se oponga a los intereses de esos criminales, como lo demuestran en Colombia los 1807 homicidios contra lideres sociales y excombatientes de Farc entre los años 2016 a 2023 según cifras de CINEP (2023, p. 290) y Human Rights Watch (Indepaz, 2023); los 70 indígenas asesinados en Perú en los últimos 5 años (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023), o el caso de Ecuador que para 2023 llegó a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes a causa del narcotráfico (Loaiza, 2023).

A nivel mundial, más de 296 millones de personas consumieron drogas en 2021 (5,8 % de la población mundial), aumentando 23 % en comparación con la década anterior, y continúa aumentando esa tendencia. Mientras tanto, el número de personas que padecen trastornos por uso de sustancias se ha disparado hasta los 39,5 millones, aumentando 45 % en 10 años (ONU, 2023).

Ecologistas y líderes políticos con evidentes sesgos ideológicos, ubican el problema “en el consumidor y no en el sistema”, por lo que defienden una sociedad donde se concedan casi irrestrictas libertades para luego confiar en que se moderen los consumidores, pero no una sociedad que se organice en función de las necesidades sociales y colectivas.

Convenientemente, este discurso es cada vez menos cuestionado y se promociona en Latinoamérica como la solución ante el grave problema que existe, siendo empleado por aquellos dirigentes quienes deben liderar las estrategias de Seguridad Ambiental y Seguridad Nacional, como el argumento central para justificar su inoperancia, ineficiencia, falta de gobernabilidad, o disfrazar sus compromisos adquiridos en varios casos.             

Lo anterior ignorando estudios rigurosos desde disciplinas como medicina, psicología y sociología, que comprueban cómo la mayoría de las personas no cambiarán su comportamiento individual incluso si comprenden la necesidad de cambiar y que, si se confía en el individuo y su conciencia individual, nunca se podrá realmente enfrentar este delito del narcotráfico y sus conexos. Además de que tiene que rechazarse la mitificación de ese discurso de los portavoces del sistema ilegal, pues el problema de fondo es “la producción” que está basada en la “destrucción” de todo y de todos a quienes toca. (Löwy, 2023)

Según pronósticos y estudios de CEPAL sobre crecimiento económico en Latinoamérica, este será de apenas 1,7 % en 2023 y 1,5 % en 2024, las cuales son muy malas cifras, con un aumento del desempleo también para 2024 (United Nations, CEPAL, 2023), al igual que decrecimiento económico de socios comerciales como Europa y China, que sin duda llevan a pensar que cada vez se van a generar más condiciones para el crecimiento del narcotráfico en la región. Pues el crecimiento que requiere para poder darle empleo a esos jóvenes que hoy pueden trabajar, debería ser superior al 3 % pero el crecimiento promedio en los últimos 10 años (2014 a 2023) apenas llega a 0,8 % en promedio, por lo que se denomina ya como la segunda década perdida para Latinoamérica (Oppenheimer, 2023).

Frente a estas realidades en temas ambientales, territoriales, políticos, sociales y macroeconómicos, en mayo de 2023 se anunció para el caso colombiano una nueva política de “sustitución de economías ilegalizadas” donde la prioridad es sustituir las fuentes de ingreso de los cultivadores, y no los cultivos ilegales de coca, bajo la tesis de que, quienes cultivan, lo hacen solo por el dinero que reciben y por tanto eso es lo que se tiene que sustituir. Teniendo como meta que en 3 años sean atendidas 50.000 familias para su tránsito hacia economías legales, e igualmente emplear la fuerza pública y sus equipos de erradicadores en tareas de cultivos y siembra de otros productos en zonas críticas, mientras para el año 2024 disminuyeron los presupuestos para los encargados de las acciones militares, reduciéndolos en 32 % a Fuerzas Militares y 53 % a Policía Nacional en comparación con 2023.

Estas medidas denotan que no se piensa emplear la fuerza pública y sus recursos para recuperar la soberanía territorial, sino para perpetuar una metodología que puede perdurar por décadas sin ningún resultado real, pero que sí distrae las capacidades de la Fuerza Pública y anula su poder ofensivo en los territorios ignorando, sin embargo, la variable principal del problema como lo es el “ineficiente control territorial”, producto de las malas políticas de los gobernantes, y que con esta nueva política se garantiza plena estabilidad del eslabón más importante en la cadena productiva criminal, consistente en la disponibilidad de la hoja de coca.

Adicionalmente, sin un preexistente control territorial real de las instituciones legales del estado, no será posible generar fuentes de ingreso legales y, sobre todo, sostenerlas permanentemente, pues es en esa lucha en que han muerto cientos de defensores de derechos ambientales en todos los países cultivadores, que trataron valientemente de desarrollar esa tesis.

Respecto a la seguridad, cualquier intervención que busque reducir la oferta de hoja de coca, va a generar efectos de violencia ampliamente documentados desde la academia. Y este es el argumento con el cual los ilegales amenazan a las democracias e infunden miedo para que todos cedan a sus intereses económicos sin los cuales no tendrían ningún poder real. Las preguntas que debe hacerse el lector entonces son ¿Seguimos dejando que eso suceda?, y ¿cuándo se detendrán?

Referencias Bibliográficas

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), observatorio de DDHH, conflictividades y paz. (2023). Informe Líderes sociales, defensores de DD.HH y firmantes de acuerdo asesinados en 2023. https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2023/

Loaiza, Y. (2023). Los asesinatos vinculados al narcotráfico escalan a las cifras más altas en la historia de Ecuador. Infobae. https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/07/19/los-asesinatos-vinculados-al-narcotrafico-escalan-a-las-cifras-mas-altas-en-la-historia-de-ecuador/

Löwy, M. (2021). Ecosocialismo. Escuela de Cuadros.  https://www.youtube.com/watch?v=pCdnOe_MAgY

Oppenheimer, A. (2023). ¿Se acabó el milagro económico chino?  https://www.youtube.com/watch?v=c5-8Ndj1lLw

Pontificia Universidad Católica del Perú (2023). En Perú son más de 70 líderes indígenas asesinados en los últimos años. https://red.pucp.edu.pe/ridei/noticias/en-peru-son-mas-de-70-lideres-indigenas-asesinados-en-los-ultimos-anos/

United Nations Organization – CEPAL (2023). Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2023. El financiamiento de una transición sostenible: inversión para crecer y enfrentar el cambio climático. https://www.cepal.org/es/publicaciones/67989-estudio-economico-america-latina-caribe-2023-financiamiento-transicion

UNODC Región Andina y Cono Sur. (2023). Informe Anual – Colombia: Explotación de Oro de Aluvión (EVOA) 2022. https://www.youtube.com/watch?v=lylqImCCc6U

[1] Entre tanto, las incautaciones en 2022 suman 1837,7 toneladas a nivel mundial, lo que deja 466,3 toneladas circulando por las calles del mundo.

[2] Es un modelo económico y político que se basa en explotación intensiva de recursos naturales por parte de entidades privadas, con el fin de obtener beneficios económicos. Este modelo se caracteriza por la mercantilización de la naturaleza, la concentración de la riqueza, y los impactos ambientales negativos.