De la Gobernanza Pública para la Defensa

En una entrega anterior abordamos las ideas iniciales de Gobernanza, lo cual dio apertura al análisis de los libros blancos de defensa de algunos países latinoamericanos con la mirada en la gobernanza y en la continuidad la gestión de defensa. Ahora volvemos a la Gobernanza para presentar el marco legal de la Gobernanza Pública en Brasil y sus aspectos centrales. Esta mirada es importante, pues es donde viene la base teórica donde será presentada una definición de la Gobernanza en Defensa.

La Gobernanza Pública

La gobernanza pública en el contexto brasileño trata de tres dimensiones interrelacionadas, a saber: Liderazgo, Estrategia y Control. El marco legal inicial para normalizar la gobernanza pública en Brasil fue el Decreto 9203, de 22 de noviembre de 2017, que reunió una serie de iniciativas sectoriales aisladas sobre el tema, sea de la literatura especializada o de fuentes de organismos internacionales, entre ellos la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), que presenta las mejores prácticas de gobernanza.

En el Decreto, la gobernanza pública se definió así:

Un conjunto de mecanismos de liderazgo, estrategia y control que se ponen en práctica para evaluar, dirigir y monitorear la gestión, con miras a la conducción de las políticas públicas y la prestación de servicios de interés para la sociedad.

Más adelante, se establecieron los principios de la gobernanza pública:

– Capacidad de respuesta;

– integridad;

– confiabilidad;

– mejora regulatoria;

– rendición de cuentas y responsabilidad; y

– transparencia.

A partir de este decreto se puso en vigencia una serie de legislaciones y en 2018 se estableció que todos los órganos y entidades del Gobierno Federal implementarían Programas de Integridad. Posteriormente, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) publicó una serie de documentos destinados a la gobernanza en el sector público.

A manera de definición para el concepto de Integridad, la OCDE (2020) indica que son “las acciones y comportamiento organizacional del agente público, refiriéndose a su apego y alineamiento consistente con los valores, principios y estándares éticos comunes para sustentar y priorizar el interés público sobre los intereses privados”.

Para el TCU brasileño, las funciones de la gobernanza son: evaluar, dirigir y monitorear el desempeño de la gestión, con foco en la eficacia del sector público. Para que funcionen correctamente, se deben adoptar los siguientes mecanismos:

– Liderazgo: son las prácticas que aseguran la existencia de las condiciones mínimas para el ejercicio del buen gobierno, a saber: adecuación del modelo de gobierno al contexto y objetivos organizacionales; promoción de una cultura de integridad en la organización; y asegurar que los líderes colectivamente tengan las habilidades apropiadas para llevar a cabo sus funciones.

– Estrategia: implica dar dirección estratégica a la organización, en consonancia con los objetivos del Estado y del Gobierno; hacer frente adecuadamente a los riesgos relacionados; y monitorear los resultados organizacionales; y

– Control: abarca aspectos como la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de la auditoría interna. (Tribunal de Contas da União, 2021)

En 2018, la Casa Civil de la Presidencia de la República publicó la Guía de Políticas de Gobernanza Pública (Casa Civil da Presidência da República, 2018), con el objetivo de consolidar en un documento la información necesaria sobre gobernanza pública para Brasil. La guía presenta de forma práctica los principales conceptos relacionados con la gobernanza y “cómo llegar” para los organismos públicos.

Por otra parte, existe una gama de publicaciones, tanto de la literatura especializada como de organismos públicos, que buscan orientar la política de gobernanza pública en el gobierno brasileño.

Después de presentar las principales ideas del constructo Gobernanza en el sector público, es importante comprender el entorno de la Defensa en Brasil, que puede ser adaptado para los países de Latinoamérica. Para efectos de este artículo, el sector de Defensa está integrado por el Ministerio de Defensa y las tres fuerzas singulares: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

A continuación, se muestran algunas de las principales partes interesadas (stakeholders) del sector de Defensa:

– Ejecutivo: los otros ministerios, en especial de Hacienda, que coordina el presupuesto federal;

– Congreso Nacional: responsable por la aprobación del presupuesto del sector, del control y monitoreo de los recursos de Defensa, en particular a través de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa de la Cámara y del Senado;

– Tribunal de Cuentas de la Unión: responsable por las auditorías externas en el sector de Defensa;

– Medios de Comunicación: a través de demandas de información sobre actividades en el sector de Defensa;

– Población: a través de demandas resultantes de desastres naturales o antropogénicos, por ejemplo; y

– Agencias gubernamentales: en apoyo a la implementación de sus políticas públicas (logística, personal, inteligencia y otros).

Con base en las diversas definiciones de gobernanza presentadas anteriormente en nuestros artículos, en la gobernanza pública y considerando las peculiaridades del sector de Defensa, se presenta una propuesta para definir la Gobernanza en Defensa así: Gobernanza en Defensa es “el conjunto de principios, valores, instituciones, normas, procesos y estrategias que permiten la eficiente, eficaz y transparente conducción de la defensa en un estado democrático”[1].

Consideraciones Finales

Con la presente definición, este artículo pretendió mostrar que la Gobernanza en Defensa no puede limitarse a los fundamentos normativos de la gobernanza pública, a pesar de estar inserta en su contexto y rendir cuentas en el marco legal del sector público. Para que el sector Defensa sea efectivo, necesita considerar otros actores que impactan en el logro de sus objetivos.

Finalmente, hay que tener en la mirada que la Defensa es un bien público y así los Ministerios de la Defensa y las Fuerzas Armadas de nuestros países deben rendir cuentas constantemente a la población, tener transparencia de sus acciones y un programa de integridad que sea claro y objetivo.

Referencias Bibliográficas

Casa Civil da Presidência da República – Brasil. (2018).  Guia da política de governança pública. https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/downloads/guia-da-politica-de-governanca-publica/view

Tribunal de Contas da União – Brasil. (2021). Dez passos para a boa governança. 2ª Edição. TCU, Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado. https://portal.tcu.gov.br/data/files/D5/F2/B0/6B/478F771072725D77E18818A8/10_passos_para_boa_governanca_v4.pdf

Decreto Federal 9203. (2017). Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial da União, Presidência da República Secretaria-Geral do Brasil (22 de novembro de 2017). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE. (2020). Manual sobre Integridad Pública. https://doi.org/10.1787/8a2fac21-es

[1] Esta definición fue desarrollada por el autor y por Luis Bitencourt al largo de cinco años como profesores del Curso de Gobernanza en Defensa realizado en la Escuela Superior de Guerra de Brasil en parcería con el Centro de Estudios Hemisférico de Defensa William J. Perry (EUA).