Gobernanza y seguridad: del riesgo electoral a la reingeniería institucional

En Colombia, pese a décadas de inversión en seguridad —reforzamiento policial, inteligencia y cooperación internacional— la amenaza criminal persiste y se transforma. La paradoja radica en que la mayor capacidad militar o policial no es suficiente: el problema fundamental es la captura criminal a escala subnacional. Organizaciones ilícitas han infiltrado alcaldías, concejos municipales y órganos de control local, entregando influencia política mediante la cooptación para proteger sus economías ilegales, en una dinámica que ha limitado severamente la eficacia de las políticas de seguridad convencionales. Por tanto, la seguridad para el periodo 2026–2030 debe sustentarse en una Política de Estado enfocada en reformar la gobernanza local, para impedir que el crimen organizado capture el poder político municipal.

En el centro del problema se encuentra una criminalidad organizada que ha evolucionado con sofisticación híbrida, la cual ejerce una forma de “gobernanza criminal” dentro de las ciudades, regulando a otros grupos delictivos mediante violencia letal, reputación pública y beneficios financieros. Las rentas obtenidas del microtráfico, la extorsión y la minería ilegal han financiado la violencia, y permitido a estas organizaciones penetrar políticamente en instancias locales.

De acuerdo con un estudio del Ministerio de Justicia, la extorsión ha alcanzado decenas de porcentajes de municipios, mientras que el “constreñimiento al sufragante” —es decir, la coacción sobre los votantes— se presenta en más del 30 % de los municipios. Esa capacidad de cooptación política se traduce en un debilitamiento del control civil, especialmente cuando esos recursos ilícitos se destinan a campañas, burocracia local o sobornos.

Adicionalmente, los datos sobre criminalidad electoral muestran la magnitud del riesgo: la Fiscalía ha reportado que al menos 258 municipios tienen un riesgo alto de delitos electorales como financiación ilegal o coacción del voto, y más de 526 municipios están en un riesgo medio. Según la Defensoría del Pueblo, uno de cada tres municipios está en riesgo electoral: 402 localidades, equivalentes al 36 %, enfrentan amenazas que van desde la coerción de votantes hasta homicidios selectivos o ataques a candidaturas. En esas condiciones, los grupos armados y criminales pueden influir en quién gobierna, y en cómo se gobierna. Es decir, han encontrado un terreno fértil para la impunidad y el mantenimiento de estructuras paralelas al Estado local.

La captura política no es un fenómeno menor: cuando las instituciones locales ceden ante el poder criminal, la gobernabilidad se debilita. Un trabajo académico sobre los concejos municipales demuestra que una mayor apertura institucional —es decir, más partidos representados— contribuye a reducir la violencia armada en los municipios, lo que sugiere que la presencia de instituciones locales robustas y diversas actúa como un disuasor frente a la cooptación violenta. No obstante, en muchos municipios colombianos la debilidad institucional y la falta de controles democráticos facilitan que las redes del crimen organizado actúen como empresarios del delito, infiltrando lo político para consolidar sus ganancias ilegales.

Reforma de la gobernanza: fortaleciendo el control civil legítimo

La seguridad no es exclusivamente un problema operacional que pueda resolverse mediante la expansión del pie de fuerza o la sofisticación tecnológica de los aparatos de inteligencia. Es, ante todo, un desafío de gobernanza que exige repensar la arquitectura institucional mediante la cual el Estado toma decisiones en materia de seguridad y defensa.

La captura criminal de gobiernos locales pone en evidencia una falla estructural: la ausencia de mecanismos sólidos de control civil legítimo sobre el sector de seguridad a nivel subnacional. En muchos municipios, las decisiones sobre estrategia policial, asignación de recursos y coordinación interinstitucional quedan subordinadas a lógicas clientelares o, peor aún, a los intereses de actores criminales que cooptan secretarías de gobierno y consejos de seguridad. Por lo tanto, cualquier reforma efectiva debe partir del fortalecimiento de la relación civil-militar en el ámbito local, garantizando que la dirección política de la seguridad recaiga en autoridades civiles técnicamente capacitadas y éticamente comprometidas con el interés público.
Frente a este diagnóstico, una propuesta estratégica consiste en desarrollar un Índice de Riesgo Local Electoral (IRLE), concebido como una herramienta de inteligencia estructural. Este índice combinaría variables cuantitativas como la tasa de homicidios, la incidencia de delitos electorales, la presencia de economías ilegales (por ejemplo, minería ilegal, cultivos ilícitos, extorsión) y la corrupción administrativa local. Su adopción formal por parte del Estado permitiría priorizar municipios en los que focalizar vigilancia investigativa, protección de candidatos, auditorías y estrategias judiciales, en lugar de distribuir recursos de forma uniforme e ineficaz.

Sin embargo, abordar el problema únicamente desde la inteligencia no es suficiente: se requiere una reingeniería institucional que refuerce el control civil y limite la discrecionalidad política en el sector seguridad local. No basta con desplegar más policías si los líderes locales encargados de decidir sobre seguridad están capturados o cooptados. Es necesario reformar el mecanismo de selección de secretarios municipales de gobierno y seguridad, estableciendo criterios técnicos, meritocráticos y transparentes que eviten el nombramiento de personas vinculadas a redes criminales. Al mismo tiempo, se deben instituir instancias permanentes de coordinación interinstitucional —mesas de seguridad civil-militar con autoridades locales, fuerza pública, entidades judiciales y organizaciones de control—, con liderazgo civil claro y rendición de cuentas, de modo que las decisiones de seguridad no dependan únicamente del mando militar o policial, sino que estén sometidas a un control legítimo desde la sociedad.

Propuesta de Política de Estado: tres pilares para 2026-2030

La construcción de una política de Estado en materia de seguridad y gobernanza para el próximo cuatrienio podría estructurarse sobre tres pilares estratégicos que permitan trascender la polarización política y concentrarse en la reforma institucional de largo plazo. El primer pilar consiste en la implementación legal del Índice de Riesgo Local Electoral, herramienta que focalice de manera anticipada la acción judicial, de inteligencia y electoral en aquellos municipios con mayor vulnerabilidad a la captura criminal. Esta implementación debe ir acompañada de un marco normativo que otorgue facultades específicas a las autoridades competentes para intervenir de manera preventiva, garantizando siempre el respeto a los derechos fundamentales y la presunción de inocencia. Asimismo, el índice requiere actualizarse de manera periódica y someterse a evaluación técnica independiente, con el fin de evitar su instrumentalización política.

El segundo pilar se centra en un plan de reingeniería institucional que limite la discrecionalidad política en la dirección de seguridad local, promoviendo la meritocracia y la profesionalización de los cargos de responsabilidad en este ámbito. Esto implica desde la estandarización de los procesos de selección, hasta la creación de incentivos para la permanencia de funcionarios técnicamente capacitados y el establecimiento de mecanismos de evaluación de desempeño basados en resultados. La reforma, además, debe contemplar la protección de los funcionarios públicos que enfrenten presiones o amenazas de actores criminales, fortaleciendo los programas de protección y garantizando condiciones laborales que permitan el ejercicio autónomo de sus funciones.

El tercer pilar aborda la necesidad urgente de invertir en ciberseguridad y control para proteger los sistemas de información pública de la captura criminal. La digitalización de los procesos electorales y administrativos ha generado nuevas vulnerabilidades que las organizaciones criminales están aprendiendo a explotar. Desde la manipulación de bases de datos electorales hasta el sabotaje de sistemas de contratación pública, las amenazas cibernéticas constituyen una dimensión emergente de la captura del Estado que puede enfrentarse con inversión en infraestructura tecnológica, capacitación de funcionarios y desarrollo de protocolos de seguridad digital.

La defensa nacional y la seguridad ciudadana dependen, en última instancia, de la legitimidad del Estado a nivel municipal. Sin gobiernos locales capaces de garantizar el control civil efectivo sobre el territorio y de resistir la presión de actores criminales, ninguna estrategia militar o policial logrará resultados sostenibles. Por ello, resulta imperativo que la próxima administración asuma el desafío de diseñar una política de Estado que trascienda la coyuntura electoral y priorice la reforma estructural de la gobernanza. Solo mediante el fortalecimiento de la institucionalidad subnacional, la profesionalización de la dirección civil de la seguridad y la implementación de herramientas técnicas de prevención de la captura criminal será posible construir un sistema de seguridad democrático, efectivo y sostenible para el período 2026-2030 y más allá.

En últimas, diseñar una Política de Estado que priorice la reforma estructural de la gobernanza local significa comprometerse con una visión de seguridad basada en la libertad institucional, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, más allá de las contiendas partidistas y la polarización política.

Referencias

[1] Ministerio de Justicia, Crimen Organizado en Colombia. Estudio sobre factores, incidencias y acción estatal. Disponible en: https://repositorio.minjusticia.gov.co/politica-criminal/Biblioteca/Crimen%20organizado.pdf

[1] Fiscalía General de la Nación, “258 municipios en riesgo alto por delitos electorales” (2023). El Nuevo Siglo. Disponible en: https://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/258-municipios-en-riesgo-alto-por-delitos-electorales-fiscalia

[1] Defensoría del Pueblo, “Uno de cada tres municipios de Colombia está en riesgo ante las elecciones locales” (2023). Disponible en: https://www.defensoria.gov.co/-/uno-de-cada-tres-municipios-de-colombia-est%C3%A1-en-riesgo-ante-las-elecciones-locales

[1] Galindo-Silva, H., “Political Openness and Armed Conflict: Evidence from Local Councils in Colombia” (2019). arXiv. Disponible en: https://arxiv.org/abs/1910.03712