Contemporáneamente, se ha gestado un cambio en lo que concierne tanto a la noción del concepto de seguridad y —como consecuencia de ello— en aspectos relacionados a las funciones de las Fuerzas Armadas como elementos constitutivos de los Estados nacionales. Esta transformación se encuentra asociada a los acontecimientos y procesos históricos propios del orden geopolítico global que marcaron el final del siglo XX y la transición al nuevo siglo, tales como la caída del Muro de Berlín en 1989, el colapso del Bloque Soviético en 1991 (que a su vez representa el final de la Guerra Fría) y, por último, al atentado terrorista perpetrado contra las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001.
En ese contexto, surgen nuevas perspectivas sobre la atención a riesgos y desastres como factor que afecta la seguridad humana, dando lugar a la formulación de políticas innovadoras nacionales e internacionales que, progresivamente, han adicionado funciones a los diferentes cuerpos armados que habían estado dedicados a tareas bélicas en el ámbito de la defensa nacional. Estos procesos han sido convergentes en lo que algunos autores denominan securitización y militarización de emergencias y desastres naturales. A continuación, analizaremos de forma breve dicho fenómeno.
En el marco de la Posguerra Fría surge la definición de seguridad humana acuñada en el informe sobre Desarrollo Humano publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 1994. Este concepto manifiesta un cambio en lo que, hasta entonces, se entendía por seguridad. Previamente se enfatizó en la supervivencia del Estado y, por ende, en la guerra, el control de armas, las estrategias y el despliegue de la inteligencia; en otras palabras, la seguridad representaba, defender al Estado —y sus miembros— de ataques militares externos.
Por consiguiente, esa definición implicaba la necesidad de cada Estado de contar con efectivos militares para responder a posibles ataques externos. Entre tanto, resistir a una amenaza exterior era clave, por lo que los asuntos de seguridad a nivel interno no ocupaban, para entonces, un lugar preponderante en la agenda política a pesar de notables excepciones de conflictos armados internos —como el caso colombiano—. El concepto de Seguridad Humana acuñado por Naciones Unidas hace énfasis en la protección de las personas en dimensiones como la económica, alimentaria, sanitaria, ambiental y política, así como en la conservación de su estabilidad física y psicológica, es decir, en su dignidad humana (Novo y Ponte, 2020, p. 113-114).
De forma paralela, entre mediados de los años ochenta y principios de la década de los noventa surgieron nuevas perspectivas y enfoques con relación al medio ambiente y desarrollo, estableciéndose dos perspectivas para la atención de riesgos: el enfoque fisicalista y el constructivista. El primer enfoque, al que algunos autores señalan de tradicional, asume que los desastres naturales son productos externos de la naturaleza, sucesos inevitables que impactan en la sociedad; por lo que se hace hincapié en la respuesta e intervención post factum a cada emergencia; y consecuentemente su acción se enfoca en los medios y capacidades para afrontar desastres naturales. Por su parte, el enfoque constructivista asigna un rol importante a la intervención social y de las comunidades, partiendo de la premisa de que “los desastres son un factor de riesgo socialmente construido”, lo que implica que haya un involucramiento comunitario para el manejo y prevención de riesgos promovido por entidades sociales de índole civil (Frenkel, 2019, p. 185).
De particular importancia para el tratamiento y atención de emergencias y desastres fue la Conferencia mundial por un mundo más seguro en el siglo XXI, celebrada en Yokohama, Japón en 1994, que tuvo como propósito la revisión de los logros para el decenio y la identificación de los desafíos en materia de reducción de desastres. Desde entonces se celebraron encuentros mundiales orientados hacia la reducción de pérdidas en situaciones de desastres y el involucramiento social para la prevención de este tipo de circunstancias como condición indispensable para la garantía del desarrollo sostenible, así como el establecimiento de parámetros para la asistencia humanitaria y de estrategias, herramientas y entidades para la mitigación de riesgos. Algunos ejemplos los suponen el encuentro para la elaboración de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de la ONU en el año 2000, la Conferencia Mundial sobre reducción de los desastres en 2005, así como encuentros de la OEA que dieron lugar al Grupo de Trabajo Conjunto del Consejo Permanente y a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral en 2009.
Volviendo al plano geopolítico, es importante destacar el establecimiento de pautas que involucran a los ejércitos en la atención y gestión de riesgos y desastres por parte de los Estados Unidos como hegemón de la política internacional. Durante la Guerra Fría la seguridad del hemisferio se articuló en la lucha contra el comunismo, pero tras la caída del bloque soviético se hicieron latentes las voces que planteaban la necesidad de redefinir los mecanismos interamericanos de seguridad. De manera que, para los Estados Unidos la seguridad y la estabilidad continental se convirtieron en una necesidad imperiosa para sostener su hegemonía.
El final de la Guerra Fría puso de relieve nuevas amenazas que, en definitiva, borraban las diferencias entre seguridad interior y seguridad exterior en el contexto latinoamericano, dado que las Fuerzas Armadas pasaron a centrarse en aspectos como la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, la inmigración ilegal y el crimen trasnacional organizado, por lo que el aparato castrense se involucró en tareas policiales y en funciones no tradicionales (Frenkel, 2019, p. 190).
El atentado terrorista perpetrado contra las Torres Gemelas profundizó la tendencia tutelada por Estados Unidos para militarizar las agendas estatales y lograr consensos internacionales de seguridad. Es así como en el año 2003 surge la declaración sobre la seguridad en las Américas en la que se acuña el concepto de Seguridad Multidimensional, que incorpora a los desastres como uno de los factores de riesgo de los países americanos. En ese orden de ideas, el país norteamericano fijó los parámetros de una agenda que ofertara la cooperación bilateral y multilateral en materia de desastres, por ejemplo, el documento publicado en 2008 titulado US Southern Command Strategy 2018: Partnership for the Américas, o el denominado Theater Strategy (2017-2027), con el que pretende “mejorar la gestión contra amenazas internas, la seguridad fronteriza, la reacción oportuna ante desastres naturales y la atención médica y apoyo a infraestructura” (Frenkel, 2019, p. 192).
Por consiguiente, se infiere que la progresiva securitización y militarización de emergencias ha sido promovida por la política exterior desde el departamento de defensa de los Estados Unidos, constituyendo un modelo replicado tanto en América Latina como en Europa durante los últimos dos decenios. Pese a las críticas de diferentes sectores sobre la progresiva intervención de las Fuerzas Armadas en procesos de atención y prevención de desastres, al ser asociadas a un enfoque netamente fisicalista, se han dado importantes avances para la cooperación con organismos civiles y multilaterales para la mitigación de riesgos, aspecto que ha involucrado las agendas políticas nacionales e internacionales. De igual forma, estos nuevos roles han constituido oportunidades para seguir demostrando la abnegada labor de los soldados no solo en la construcción de país, sino en su sostenimiento y permanencia.
Referencias Bibliográficas
De la Cadena, F., y Vargas, R. (2023). El Estado y las Fuerzas Armadas ante los desastres naturales y antrópicos en el Ecuador. Revista Academia de Guerra del Ejército Ecuatoriano, 16(1), 183–212.
Frenkel, A. (2019). Disparen contra las olas: Securitización y militarización de desastres naturales y ayuda humanitaria en América Latina. Iconos, Revista de Ciencias Sociales, 23(64), 183–202.
Novo, C., y Ponte, P. (2020). ¿Son las fuerzas de protección civil una mejor opción que las fuerzas armadas? Seguridad humana y despliegue de fuerzas armadas frente a nuevos riesgos para la seguridad. Relaciones Internacionales, 43, 111–129.
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Por Gabriel Moya
Gabriel Moya
Escribe en el área de factores conexos, sobre historia militar





