Colombia frente al poder híbrido criminal: retos y estrategias para 2026-2030

Resumen

Colombia enfrenta para 2026˗2030 un conflicto híbrido en el que  la violencia armada es solo una fracción del desafío. Guerrillas, disidencias y estructuras criminales han evolucionado hacia sistemas de poder que integran dominio armado, económico y social, sustituyendo al Estado en amplias regiones. El artículo propone un modelo de poder híbrido ‒15 % fuerza cinética, 35 % economía criminal, 50 % dominio social‒, como herramienta analítica y doctrinal para orientar una estrategia conjunta entre Fuerzas Militares, Policía Nacional, y sectores de justicia y tecnología. Plantea que la victoria estatal depende de legitimidad, integridad institucional, soberanía digital y una gobernanza territorial capaz de quebrar la matriz criminal.

Introducción

Colombia ingresa al ciclo 2026-2030 enfrentando un conflicto híbrido, difuso y multidimensional, en el cual las fronteras entre insurgencia política, economías criminales y violencia narcoterrorista se han desdibujado. Guerrillas, disidencias y grupos delincuenciales coexisten, compiten y cooperan según intereses territoriales y financieros. Este nuevo escenario, propio de las guerras de cuarta generación y de la criminalidad política (Hoffman, 2009; Kalyvas, 2012), no busca conquistar el Estado, sino reemplazarlo desde adentro, mediante la corrupción, el miedo y la manipulación social.

El país ya no enfrenta una amenaza exclusivamente armada, sino un sistema que integra poderes armado, económico y social. Por ello, la estrategia de seguridad nacional en lo concerniente a la seguridad pública debe evolucionar de la lógica del combate a la de la gobernanza territorial: integrar fuerza, inteligencia, tecnología y legitimidad. Solo así podrá superarse el ciclo de violencia y anomia que ha fragmentado la soberanía nacional (Buzan, Wæver, y de Wilde, 1998).

De la insurgencia a la criminalidad híbrida

Tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, la retirada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no fue seguida por una ocupación territorial efectiva del Estado. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), la política de “paz territorial” fue insuficiente, y los vacíos de poder fueron rápidamente ocupados por Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). Estos heredaron las rutas, economías y redes sociales de la insurgencia, transformando la guerra en una competencia por la legitimidad local  (Verdadabierta.com, 2023; Ferrar y Prías Trujillo, 2021).

El gobierno de Iván Duque (2018-2022) logró algunos avances operacionales, pero la expansión simultánea del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción política local, superó la capacidad de control estatal. Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro (2022-20XX) y su política de “paz total”, la situación se agravó. Los ceses bilaterales redujeron la presión operativa sobre los grupos que aprovecharon la tregua para reclutar, reorganizarse y expandir su control social (Breda, 2025) .

Así, el país transitó de la insurgencia ideológica a la criminalidad híbrida, en la cual la ideología se convierte en fachada para economías ilícitas y manipulación simbólica. Este proceso marca la consolidación de un nuevo orden violento que mezcla discurso político, poder armado y economía criminal.

El desafío híbrido al Estado: anomia y erosión institucional

El nuevo conflicto, no solo se libra con armas: se libra con normas, símbolos y dinero. En regiones como el Catatumbo, el Cauca, La Guajira o Nariño, los grupos armados han llegado a ejercer una soberanía funcional, administrando justicia informal, regulando la vida económica y condicionando la conducta social. Este proceso ha derivado en una profunda anomia territorial, caracterizada por la fragmentación de la autoridad estatal y la aparición de formas de gobernanza criminal que no solo sustituyen al Estado, sino que en ciertos casos coexisten y actúan conjuntamente con él, configurando esquemas de gobernanza híbrida. Como advierte Mampilly (2011), cuando los actores armados asumen funciones de gobierno, transforman el conflicto en un sistema de control político y social de largo plazo.

La cooptación política y religiosa agrava esta crisis. Alcaldes, concejales y líderes locales son elegidos o condicionados por el dinero ilícito; mientras tanto, la justicia, saturada y desprotegida, se inhibe. Según la Fundación Pares (2024), más de noventa municipios muestran intervención directa de economías criminales en las decisiones públicas.

El Estado colombiano enfrenta, así, un doble deterioro: externo, por el control territorial de los GAO y GDO; interno, por la pérdida de legitimidad y la corrupción sistémica. Sin recuperar el orden moral y simbólico, ninguna operación militar o policial será suficiente. La seguridad nacional debe ser entendida como un pacto ético de nación, no solo como un asunto de defensa.

Estrategia conjunta y diferenciada: Fuerzas Militares y Policía Nacional

Las estructuras criminales actuales actúan como verdaderos sistemas de poder híbrido, en la cual la violencia armada representa solo una fracción visible del problema. Este planteamiento no surge de la teoría tradicional, sino de un riguroso proceso de observación estratégica y de pensamiento fuera de los marcos convencionales, que permite comprender la amenaza desde una óptica integral y multidimensional. La composición funcional del poder híbrido ‒15 % fuerza cinética, 35 % economía criminal y 50 % dominios social y anómico‒ es el resultado de este análisis innovador, orientado a redefinir la doctrina de seguridad pública y nacional.

Lejos de limitarse a enfrentar al enemigo por su expresión armada, este modelo demuestra que la verdadera victoria radica en identificar y desmantelar las estructuras económicas, sociales y culturales que sostienen su poder. Solo al definir con precisión la amenaza, dimensionarla y actuar sobre sus raíces estructurales, desde la metodología de los Sistemas Adaptativos Complejos[1], será posible diseñar respuestas proporcionales, sostenibles y legítimas que devuelvan al Estado la iniciativa estratégica y la autoridad moral (Langford, 2025).

Cuadro 1. Modelo del poder híbrido en las estructuras armadas colombianas

Elaboración propia con base en Fabricio Cabrera, Figura 1. Estructura piramidal del poder híbrido.

La pirámide del poder híbrido demuestra que la violencia armada es solo la cúspide visible del sistema, mientras su base ‒más profunda y resistente‒ se sostiene en el control económico y social que ejercen las estructuras criminales sobre las comunidades. El error histórico del Estado ha sido combatir la punta del problema sin desmontar los cimientos que lo sostienen. La seguridad pública del futuro exige intervenir de forma simultánea los tres niveles del poder híbrido: el cinético, el económico y el social.

En ese contexto, las Fuerzas Militares deben centrar su acción en la neutralización del poder cinético, bajo un mando de misión interagencial, que combine inteligencia, operaciones y estabilización territorial. Su labor va más allá del enfrentamiento armado, implica control prolongado del territorio y condiciones para la recuperación institucional y social. Pero también, demanda una lucha interna de integridad, pues las estructuras criminales han intentado pernear a integrantes de las instituciones. Mantener la cohesión moral y la disciplina ética es tan vital como dominar el terreno.

La Policía Nacional debe liderar la ofensiva judicial y financiera contra la economía criminal, desmantelando redes de lavado, corrupción y extorsión con apoyo de la Fiscalía, la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) y la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Sin embargo, enfrenta el mismo riesgo de infiltración en algunos de sus cuadros, especialmente en zonas donde el dinero ilícito compra lealtades. Por ello, la depuración interna y la protección del personal íntegro son prioridades estratégicas. La trazabilidad del dinero del crimen y la defensa del honor institucional son tan decisivas como las operaciones de control.

Por otra parte, la justicia y la articulación interinstitucional constituyen el eje de sostenibilidad de la estrategia. Se requiere depuración judicial, sanciones ejemplares y protección efectiva de jueces y fiscales. La legitimidad del Estado se reconstruye con ética pública, transparencia y resiliencia comunitaria. Finalmente, y con base en lo anterior, el modelo del poder híbrido se erige, como una herramienta de planeación estratégica que orienta la acción estatal hacia el control económico y social, permitiendo al Estado pasar de la reacción a la iniciativa y recuperar su autoridad moral y territorial frente a las nuevas amenazas.

Innovación tecnológica y soberanía digital

En la guerra híbrida contemporánea, la información se ha convertido en el nuevo territorio estratégico. El Estado colombiano debe transformar la tecnología en un multiplicador de poder legítimo y soberano, no en una dependencia externa. Un Sistema Nacional de Geointeligencia debe integrar en tiempo real los datos militares, policiales, judiciales y económicos, apoyado en sensores terrestres, satelitales y marítimos. Esta interoperabilidad  anticipará patrones criminales y optimizar el empleo de los recursos. En la misma dirección, el UNODC (2023) ha señalado que  utiliza hoy en día inteligencia artificial y análisis geoespacial para mejorar la disponibilidad de información y fortalecer el monitoreo criminal, lo que confirma la necesidad de que Colombia adopte capacidades similares para mantener una ventaja estratégica frente a estructuras híbridas en expansión.

La analítica predictiva, y el mando y control basado en evidencia (MCO-E), mediante inteligencia artificial y aprendizaje automático, serán claves para orientar las decisiones estratégicas, al igual que   garantizar eficiencia y transparencia en la gestión del riesgo. La creación de un Centro Nacional de Analítica para la Seguridad y la Gobernanza Territorial, consolidará el vínculo entre información, decisión y legitimidad estatal.

En forma paralela,  la soberanía digital debe asumirse como una política de Estado. Los datos sensibles de defensa, justicia y seguridad deben resguardarse en infraestructura nacional y bajo jurisdicción propia. La ciberseguridad, además de técnica, debe ser ética y humana, garantizando el derecho ciudadano a la verdad y la protección frente a la manipulación informativa. En los territorios donde el crimen domina la narrativa, la transparencia digital y los datos verificables se convierten en instrumentos de legitimidad. La tecnología no solo refuerza la capacidad del Estado, sino su autoridad moral: en el siglo xxi, la información veraz es el arma más poderosa de la democracia.

Conclusiones y recomendaciones

El conflicto colombiano ha evolucionado hacia una guerra híbrida en la que la fuerza de las armas pesa menos que la potencia de la narrativa, y donde el control territorial se disputa simultáneamente en la economía ilegal y legal, en las dinámicas de control social, en los mecanismos de gobernanza local y, sobre todo, en la mente y la percepción de las comunidades.. El poder armado representa apenas el 15 % del desafío nacional; el resto reside en la estructura económica (35 %) y en el dominio social y anómico (50 %) que sostienen la criminalidad. En ese contexto, la seguridad pública como parte esencial de la seguridad nacional, no puede reducirse a operaciones militares y policiales, sino debe orientarse a reconstruir legitimidad, cohesión social y confianza institucional.

La victoria del Estado no será producto de la fuerza bruta, sino de la inteligencia estratégica, la integridad institucional y la superioridad moral frente al crimen organizado. El modelo del poder híbrido plantea que solo una acción articulada ‒militar, policial, judicial, social y tecnológica‒ podrá quebrar la matriz criminal que hoy reemplaza al Estado en muchas regiones.

Recomendaciones

1. Redefinir la doctrina de seguridad multidimensional. Incorporar los ámbitos ambiental, militar, político, económico, social y digital, en una visión de Estado, que reconozca la interdependencia de las amenazas. La seguridad pública no debe concebirse como una tarea sectorial, sino como una política de nación orientada al desarrollo sostenible y la cohesión territorial. 

2. Consolidar el mando conjunto interagencial. Unificar las capacidades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la justicia y los organismos de control bajo un sistema integrado de gobernanza territorial, en el cual  la acción operativa, la inversión social y la inteligencia judicial actúen en sincronía. Esta coordinación debe incluir un comando unificado de decisiones estratégicas, con enfoque diferencial por regiones.

3. Ejecutar una ofensiva integral contra la economía criminal. Esta guerra no se gana con armas, sino con inteligencia financiera. Es indispensable fortalecer la trazabilidad del dinero ilícito, los controles sobre contratos y regalías, y la persecución patrimonial de las redes de lavado y corrupción. Desmantelar la economía ilegal es neutralizar el corazón financiero del poder híbrido.

4. Depurar y blindar las instituciones. La infiltración criminal en las fuerzas del orden y el sistema judicial exige una respuesta ética y disciplinaria contundente. La lucha interna por la integridad institucional debe convertirse en una prioridad estratégica. Sin moral ni transparencia, ninguna operación será legítima ni sostenible.

5. Recuperar el control social del territorio. La lucha por la legitimidad se libra en las comunidades. Es necesario implementar estrategias de comunicación y educación cívica, fortalecer el liderazgo local y fomentar la participación ciudadana en la seguridad. Allí donde el Estado comunica con verdad y cumple con hechos, el crimen pierde su narrativa.

6. Asegurar la soberanía digital y tecnológica. La información es el nuevo terreno de la soberanía. Colombia debe proteger sus datos críticos en infraestructura nacional y desarrollar capacidades propias de ciberdefensa y analítica avanzada. La transparencia digital y los datos verificables deben convertirse en fuentes de confianza pública y control democrático.

En síntesis, la paz duradera no se decreta: se conquista con legitimidad y verdad. El Estado colombiano debe ser firme en la fuerza, certero en la inteligencia y ejemplar en la moral. Solo una estrategia integral, tecnológica y ética,  recuperará el control del territorio, protegerá la democracia y garantizará la seguridad humana. En el siglo xxi, el poder no será de quien dispare más, sino de quien entienda mejor y actúe con mayor legitimidad.

Referencias

Breda, T. (17 de febrero de 2025). ACLED (Armed Conflict Location & Event Data-Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados, por sus siglas en inglés).  Civilians in Colombia face less deadly — but more pervasive — violence during Petro’s presidency. https://acleddata.com/report/civilians-colombia-face-less-deadly-more-pervasive-violence-during-petros-presidency?utm_source=chatgpt.com

Buzan, B., Wæver, O., y de Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner.

Ferrari, E., y Prías Trujillo, Á. M. (30 de diciembre de 2021). Revista Opera. Universidad Externado de Colombia. La violencia posacuerdo: un análisis comparado entre Colombia y El Salvador. https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/7530?utm_source=chatgpt.com

Hoffman, F. G. (2009). Hybrid Threats: Reconceptualizing the Evolving Character of Modern Conflict. Strategic Forum (240), 1-8.

Kalyvas, S. N. (2012). The Logic of Violence in Civil War.  Cambridge University Press.

Langford, I. (2025). Understanding and Defeating a Complex Adaptive System. Australian Army Research Centre, 1-13.

Mampilly, Z. C. (2011). Rebel rulers: Insurgent governance and civilian life during war. Cornell University Press.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2023). AnnualReport2023. https://www.unodc.org/documents/AnnualReport/UNODC_REPORT_2023-WEB.pdf?utm_source=chatgpt.com

Paternostro, A. (20 de diciembre de 2024). Pares (Fundación Paz & Reconciliación).  Balance de seguridad en Colombia 2024. https://www.pares.com.co/balance-de-seguridad-en-colombia-2024/?utm_source=chatgpt.com

Verdadabierta.com. (4 de julio de 2023).  Inadecuada implementación del Acuerdo de Paz disparó la deforestación. https://verdadabierta.com/inadecuada-implementacion-del-acuerdo-de-paz-disparo-la-deforestacion/?utm_source=chatgpt.com

[1] La metodología de sistemas adaptativos complejos, comprende a los   GAO y GDO como redes dinámicas que se reorganizan, aprenden y mutan según la presión del entorno, por lo que no pueden enfrentarse con esquemas lineales o tradicionales. En lugar de atacar solo a individuos, se busca mapear patrones, flujos, reglas internas y nodos críticos para entender cómo opera el sistema completo. El objetivo estratégico consiste en  identificar puntos en los cuales introducir no linealidades (rupturas, presiones, disrupciones) que afecten su coherencia interna. Al hacerlo, se genera entropía, es decir, desorden interno que reduce su capacidad de coordinación, financiamiento y control territorial. Esta aproximación permite que el sistema criminal colapse desde adentro, forzándolo a estados de caos, fragmentación y autodestrucción (Langford, 2025).