Políticos y votantes: los desafíos de la (in)seguridad

¿Qué factores influyen en el diseño de políticas públicas para atender las demandas de los ciudadanos ante los fenómenos delictivos?

En un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), cerca del 40 % de los encuestados en las principales capitales de la región piensan que la delincuencia es el problema más relevante que enfrenta su país (Cafferata y Scartascini, 2021). En esa misma línea, los ciudadanos piensan que la delincuencia es más grave que los temas económicos, los niveles de desempleo y la corrupción. Lo anterior se refuerza con el número de víctimas de delitos en la región; según las cifras, cerca del 30 % de los encuestados afirmó ser víctima de un delito, además, cerca del 70 % teme ser víctima de un delito en algún momento o todo el tiempo (Noam, Rodríguez, & Zechmeister, 2021). Estas evidencias demuestran que las políticas públicas en materia criminal atraviesan una crisis en todas sus dimensiones: prevención, control, coerción, judicialización y resocialización (sistema carcelario y penitenciario). Así las cosas, parece que el camino más corto y fácil para los políticos es prometer endurecimiento de medidas punitivas porque así lo demandan los ciudadanos frente a los problemas de inseguridad. Pero, ¿qué factores influyen en el diseño de políticas públicas para atender las demandas de los ciudadanos ante los fenómenos delictivos? A continuación se analizan algunos argumentos que pueden influir sobre aquellos que diseñan e implementan la política criminal en el complejo entramado de las realidades sociales latinoamericanas.

Según Cafferata y Scartascini (2021), la manera “en que los países responden al delito depende tanto del funcionamiento de su sistema político como de la demanda popular” (p. 14). Así, los gobiernos que demuestran buena capacidad acceden a políticas sólidas (2021, p. 14). Y esta capacidad se refleja en las alianzas institucionales que permiten algun grado de cooperación en el momento actual para producir políticas hacia el futuro (Scartascini & Tommasi, 2010). Cuando dicha cooperación es posible, los gobiernos tienden a producir políticas públicas más eficientes orientadas en el impacto a largo plazo. Desafortunadamente, la mayoría de los gobiernos de la región tienen bajo nivel de gestión en general y baja capacidad para la generación de políticas públicas con efectos a mediano y largo plazo en particular. Por tal razón, se tiende a prometer soluciones rápidas que generan un beneficio pólitico inmediato. En este sentido, lo que piden los electores pueden influir en la toma de decisiones de los políticos.

Teniendo en cuenta lo anterior, los ciudadanos demandan políticas públicas bajo criterios como la información a la que tienen acceso, las creencias, y la confianza que tienen en los políticos y en los formuladores de políticas públicas. Así, la confianza en los políticos y las creencias de los votantes se fundamentan en la información y en las experiencias que han acumulado a través del tiempo. Por ende, “los ciudadanos desconfiados van a ser naturalmente más escepticos con respecto a que los políticos puedan producir soluciones a largo plazo” (Keefer, Scartascini, y Vlaicu, 2020). Bajo este análisis, “la renuencia a esperar resultados en el futuro y la impaciencia ciudadana afectan la calidad de las políticas públicas” (Cafferata & Scartascini, 2021). En este punto, se puede entender que, si los electores no piden a los políticos y a los formuladores de políticas que elaboren políticas públicas a largo plazo, entonces esas políticas no se harán, ya que los políticos ven reducidos los incentivos para ofrecer dichas políticas a los votantes (Keefer, Scartascini, y Vlaicu, 2018). Se puede evidenciar que la desconfianza, la desinformación y la impaciencia son factores que influyen negativamente en el diseño de políticas públicas contra la delincuencia (2018). Por otro lado, desde la perspectiva criminológica tradicional se observa que la victimización, los sentimientos de vulnerabilidad física y social, así como la incivilidad, son puntos clave del temor ciudadano y la sensación de inseguridad (Vilalta, 2013). Además, se ha comprobado que dichas variables influyen en la preferencia de los votantes por posiciones más severas contra la delincuencia con base en la edad, el sexo, los estratos socioeconómicos y las etnias, particularmente en América Latina (Price, Sechopoulos, & Whitty, 2019).

En el caso latinoamericano, la respuesta frente a la delincuencia se ha inclinado de manera irremediable hacia políticas de “mano dura” como resultado de la mezcla de las narrativas radicales contra la delincuencia, del incremento de pie de fuerza policial, del aumento de las tasas de encarcelamiento y prácticas políticas autoritarias (Visconti, 2019). Además, aquellos ciudadanos que demandan penas más fuertes han encontrado políticos que prometen cumplirles. En terminos de Visconti (2021, citado por Cafferata & Scartascini, 2019) “el atractivo popular de las penas punitivas aplicadas a los autores de delitos comunes (y comúnmente atroces) es la respuesta emocional de un electorado ante la incapacidad del Estado de garantizar espacios cívicos seguros y el adecuado cumplimiento del Estado de derecho” (p.15). Una forma de consolidar el Estado de derecho[1] implica un trabajo diligente, intensivo en políticas orientadas a atender de manera integral las diferentes dimensiones de la seguridad (económica, de salud, ambiental, comunitaria, política, alimentaria y personal); además, como se mencionó anteriormente, es importante concebir una política criminal que implique la prevención, el control, la coerción, la judicialización y la resocialización de manera sistémica. Sin embargo, los políticos, con los intereses puestos en el calendario electoral, se inclinarán por hacer promesas con discursos de políticas de “mano dura” enfocadas a producir resultados rápidos. Por eso, “las políticas contra la delincuencia tienden a recurrir a programas y leyes que ofrecen prontos beneficios en lugar de resultados mejores, sostenibles y en el largo plazo” (Keefer, Scartascini, & Vlaicu, 2018, p. 15). El inconveniente de lo “inmediato” es que, una vez promulgadas, dichas políticas punitivas tienen efectos de cerrojo: una vez adoptadas se mantienen en vigor cuando no deberían, generando así resultados débiles e ineficaces de manera persistente (2018, p. 15). Por consiguiente, es vital que los ciudadanos demanden de los políticos propuestas orientadas a factores como la legitimidad y la confianza en las instituciones, así como el fortalecimiento de una cohesión social para luchar contra la delincuencia de manera sostenible.

Referencias Bibliográficas

Cafferata, F., y Scartascini, C. (2021). Cómo combatir la delincuencia en América Latina ¿Qué Políticas Públicas demandan los ciudadanos? Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

Keefer, P., Scartascini, C., y Vlaicu, R. (2018). Hipotecando el futuro: el sesgo de corto plazo de las políticas. En A. Izquierdo, C. Pessino, & G. Vuletin, Mejor gasto para mejores vidas: cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos. Banco Interamericano de Desarrollo.

Keefer, P., Scartascini, C., & Vlaicu, R. (2020). Voter preferences, electoral promises and the composition of public spending. Documento de trabajo no. 1123. Banco Interamericano de Desarrollo.

Noam, L., Rodríguez, M., & Zechmeister, E. (2021). LAPOP´s 2021 Americas Barometer takes the pulse of democracy. Nashville, TN: LAPOP.

Price, S., Sechopoulos, S., & Whitty, J. (2019). Support for harsher criminal punishment is greater among the young, the insecure, victims, and those with low trust in the police. Insight Series.

Scartascini, C., & Tommasi, M. (2010). La política de la productividad. In C. Ed. Pagés, La era de la productividad: cómo transformar las economías desde sus cimientos. Banco Interamericano de Desarrollo.

Vilalta, C. (2013). Determinant factors in the perception of crime-related insecurity in Mexico. Documento de trabajo no 381. Banco Interamericano de Desarrollo.

Visconti, G. (2019). Policy preferences after crime victimization: Panel and survey evidence from Latin America. British Journal of Political Science 50(4), 1481-1495.

[1] Estado social de derecho para el caso colombiano.