Políticas contra la delincuencia. Demandas de los ciudadanos para mejorar las condiciones de seguridad.

La seguridad pública representa uno de los mayores desafíos en que los Estados ponen a prueba su eficiencia, efectividad y eficacia cuando se trata de brindar las condiciones y garantías de bienestar, tranquilidad y protección de sus ciudadanos. En esta línea, los países Latinoamericanos comparten una preocupación bastante marcada frente a los fenómenos criminales que afectan a los diferentes sectores de la sociedad a nivel nacional, internacional y transnacional[1]. De esta manera, las políticas públicas se convierten en las herramientas que tienen los tomadores de decisiones para gestionar, mitigar y reducir el impacto de las actividades criminales.

Sin embargo, el desarrollo de la tecnología, las comunicaciones y sobre todo la globalización del delito plantean grandes interrogantes sobre la manera en que los Estados deben actuar para enfrentar estos grandes retos. En este punto, es importante tener en cuenta las necesidades que plantean los ciudadanos en el marco de las dos dimensiones de la seguridad ciudadana: una objetiva, es decir, la materialización concreta y real de las amenazas a la vida y la propiedad, por ejemplo, el homicidio y el hurto; y otra dimensión subjetiva, relacionada con la percepción y la sensación de seguridad por parte de las personas. A continuación, se plantean las demandas de los ciudadanos con respecto a las políticas que se pueden utilizar en la lucha contra la delincuencia, como resultado de un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina – LAPOP (Cafferata y Scartascini, 2021).

De acuerdo con el estudio, las políticas en contra de la delincuencia que los ciudadanos demandan se pueden clasificar en cuatro opciones de políticas públicas y diez medidas de políticas como se puede ver en la tabla 1. “De dichas opciones, las tres primeras agrupan a las políticas de acuerdo con pares de alternativas, mientras que la última atañe a diferencias en la implementación de dichas políticas” (2021, p. 19).

Tabla 1

Políticas contra la delincuencia

Nota. Sintesis de las cuatro opciones de políticas públicas y las 10 medidas de políticas que se analizan en el presente documento. (Cafferata y Scartascini, 2021, p. 19).

1. Políticas contra la delincuencia punitivas versus preventivas

De acuerdo con la evidencia empírica recolectada por algunos expertos en seguridad ciudadana en América Latina, según exponen Cafferata y Scartascini (2021), se identificó que los jóvenes, las mujeres, aquellos que han sido víctimas de delitos, los que se perciben vulnerables ante los delincuentes y los que confían en la policía se inclinan más por las políticas punitivas. A su vez, se ha logrado establecer que esta clase de políticas producen resultados ineficientes o incluso contraproducentes (Dudley & Bargent, 2017). Con un enfoque multivariante, este conjunto de preferencias de política pública se centra en cuatro aspectos:

1) El uso de “mano dura”, 2) la aplicación de la fuerza física (brutalidad policial) para obtener información de los sospechosos de cometer delitos, 3) la reducción de la delincuencia versus la reducción de la pobreza, y 4) la exigencia de penas más severas versus el apoyo a programas contra la pobreza. (Cafferata y Scartascini, 2021, p. 20)

2. Responsabilidad de la provisión de seguridad: pública versus privada

Como se mencionó anteriormente, una de las funciones principales del Estado es proveer el servicio público esencial de la seguridad, especialmente en aquellos espacios donde no llega el mercado privado, como la vigilancia policial. Sin embargo, las agendas de seguridad de los gobiernos en Latinoamérica se quedan cortos en las inversiones públicas a nivel logístico y humano. Debido a esta insuficiencia, los ciudadanos han preferido —o se ven obligados a— la necesidad de satisfacer ciertos servicios públicos de manera privada. Así, surge el interrogante sobre la orientación para combatir la delincuencia desde la esfera pública o privada; en consecuencia, desde este prisma se observan dos aspectos frente a las demandas de políticas públicas, como asegura el estudio:

El primero plantea la asignación de recursos públicos versus privados (si se otorga más a la policía o más a la población civil); el segundo, la compensación de las víctimas particulares versus las mejoras de seguridad para el público en general […]. No obstante, estas dos opciones parecen contradecir la idea de la seguridad ciudadana como bien público, un bien público en el sentido económico tradicional, como un bien no excluyente y no rival. (Cafferata y Scartascini, 2021,).

3. Recursos Policiales: dotación y despliegue

A pesar de que el fenómeno criminal es complejo y multidimensional, las políticas para combatirlo se centran en la policía como la herramienta principal. En palabras de Cafferata (2018), “así como los maestros son el principal instrumento del sector educativo y los médicos el del sector sanitario, los agentes de policía constituyen el mecanismo más importante, más no el único, del gobierno para combatir la delincuencia” (p. 10). En este punto, se presentan dos dicotomías: La primera se relaciona con la contratación de más personal (cantidad) o mejorar el entrenamiento del personal policial (calidad); la segunda se orienta al despliegue con patrullajes generales o concentración en puntos calientes.

En este sentido, es indispensable tener en cuenta las características de la fuerza policial, ya que, en general, la región se ha preocupado más por ampliar el número de efectivos, descuidando la calidad de los mismos, sus salarios o sus condiciones laborales.

4. Implementación de políticas

La eficacia de las políticas públicas requiere de una buena implementación. Así, por un lado, se tiene en cuenta la tasa de descuento temporal, es decir, los resultados que se esperan a corto, mediano o largo plazo. Por lo general, los ciudadanos demandan resultados inmediatos lo cual afecta la implementación de políticas públicas sostenibles y duraderas con beneficios futuros. Por otro lado:

Las formas en que se distribuyen las cargas y los beneficios sociales de las políticas contra la delincuencia nos exigen estudiar la preferencia ciudadana por la policía. ¿Está claro que cambios en las policías implican un aumento de los impuestos como fuente de financiamiento? Si es así, ¿qué quieren los ciudadanos, “cantidad” (más policías) o “calidad” (mejor policía)? (2021, p. 22).

Estos cuatro criterios pueden servir de orientación a la hora de diseñar, planear y presupuestar políticas públicas en materia criminal, con base en las demandas de la ciudadanía enfocadas a proporcionar “estabilidad, adaptabilidad, coherencia y coordinación, implementación de alta calidad, aplicación efectiva, orientación al interés público y eficiencia” (Scartascini & Tommasi, 2008, p. 18).

Referencias Bibliográficas

Cafferata, F., y Scartascini, C. (2021). Cómo combatir la delincuencia en América Latina ¿Qué Políticas Públicas demandan los ciudadanos? Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

Cafferata, F. G. (2018). II Jornadas sobre Delito, Violencia y Policía. Policiamiento de puntos calientes en América Latina. Qué hacer y qué no: Un metaanálisis de la evidencia regional. Instituto de Altos Estudios Sociales Universidad Nacional de San Martín.

Dudley, S., & Bargent, J. (2017). The prison dilemma: Latin America´s incubators of organized crime. Washington D.C., Fundación InSigth Crime.

Scartascini, C., Stein, E., & Tommasi, M. (2008). Political institutions, state capabilities, and public policy: International evidence. Banco Interamericano de Desarrollo.

[1] La diferencia principal entre trasnacional e internacional radica en que, mientras el fenómeno criminal transnacional básicamente opera y se extiende al exterior sin moverse de su territorio, un fenómeno criminal internacional buscará no solo llegar a otros países mediante la “exportación”, sino también lograr presencia física en otros países, es decir, abrir filiales o sucursales donde pretende expandir y desarrollar las actividades ilegales.