Los Costos del Crimen y la Violencia en Latinoamérica y El Caribe

El crimen y la violencia impactan negativamente a las sociedades en Latinoamérica y el Caribe – LAC; además de la incertidumbre, el miedo y la inseguridad que causan sobre los ciudadanos, representan un costo a nivel económico y social. En promedio, “el delito le cuesta a las economías latinoaméricanas y caribeñas casi el 3 % del Producto Interno Bruto – PIB” (BID, 2017), esto se traduce en que los países pierden entre USD$114.500 millones y USD$170.400 millones (BID, 2017) por causa del crimen. En relación con la violencia, el costo social de los homicidios representa el 0,36 % del PIB en LAC[1], que significa un promedio de USD$10.546 millones. Además, vale la pena tener en cuenta los costos del encarcelamiento, en los que se suma el gasto público en administración de prisiones y las pérdidas ocasionadas por la privación de la libertad de los reclusos. En promedio, su costo general ha sido de más de USD$13.800 millones y un 0,39 % del PIB. En este punto, se puede observar la contradicción que se presenta entre el fortalecimiento de las economías criminales y el debilitamiento de las finanzas públicas que, inevitablemente, se manifiesta en el retroceso democrático, la ampliación de brechas sociales, y en últimas, en la gobernanza y la gobernabilidad de los Estados en LAC, pues se está gastando dinero en los costos que genera el crimen y la violencia; presupuesto que podría ser invertido en políticas públicas que impulsen el progreso y el desarrollo social.

El Tratamiento de la Violencia

Es evidente que la violencia conlleva unos costos sociales y económicos bastante altos en LAC, impactando directa y negativamente a la gobernanza. Si se analiza la violencia desde un enfoque de salud pública[2] se entenderá que esta afecta el desarrollo del ser humano. En términos de Galtung, la violencia es “una disminución del nivel real de satisfacción de las necesidades básicas, por debajo de lo que es potencialmente posible” (2016, p. 150). En este sentido, Galtung plantea analizar la violencia desde tres aristas: directa (visible), cultural y estructural (invisibles). Por un lado, la violencia directa es aquella que se puede observar de forma inmediata, como en el caso de los homicidios. Por otro lado, la violencia estructural trata de aquellas situaciones en las que el daño niega la satisfacción de las necesidades humanas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad). Estas necesidades se identifican claramente en la pirámide de Maslow (1943). Maslow dividió la pirámide en cinco niveles de manera que el ser humano, a medida que satisface los niveles más bajos, desarrolla nuevas necesidades en los niveles más altos. Los cinco niveles de necesidades son: Nivel 1: fisiológicas; Nivel 2: de seguridad; Nivel 3: sociales; Nivel 4: de valoración; Nivel 5: de autorrealización (Navarro, 2019). De igual forma, si no se satisfacen los niveles iniciales de necesidades orientadas a la supervivencia (niveles 1, 2, 3 y 4), muy difícilmente se logrará llegar al nivel más alto orientado a las necesidades de crecimiento (nivel 5). Finalmente, “la violencia cultural se define aquí como cualquier aspecto de la cultura (símbolos, ideologías, actitudes) que pueda ser utilizada para legitimar la violencia en su forma directa o estructural” (Galtung, 2016).

En esta línea, la violencia requiere un tratamiento más amplio e integral, que vaya más allá de las manifestaciones evidentes y tradicionales del daño ocasionado por la misma tanto a las personas como a los Gobiernos. Es necesario hacer una intervención orientada en las consecuencias, pero también a las causas de vulnerabilidad frente a las amenazas que se manifiestan a través de diferentes tipos de inseguridad, a saber, económica: pobreza persistente, desempleo, falta de acceso a oportunidades económicas; alimentaria: hambre, subida repentina de precios de los alimentos; sanitaria: epidemias, malnutrición, malas condiciones sanitarias; ambiental: degradación y agotamiento de recursos naturales; personal: violencia en todas sus formas; comunitaria: tensiones por motivos étnicos, religiosos y otras cuestiones relativas a la identidad, delitos, terrorismo; y, política: represión, ausencia del estado de derecho y de la justicia (FFNUSH, 2016).

Teniendo en cuenta que, “cuando las inseguridades se solapan, pueden crecer de manera exponencial e invadir todas las esferas de la vida de las personas y destruir comunidades enteras e incluso cruzar las fronteras nacionales” (FFNUSH, 2016), como sucede con los actores y mercados criminales. Las manifestaciones de estas amenazas tienen impacto en diferentes direcciones: individuos, comunidades y grupos, así como las instituciones estatales y no estatales. De allí la importancia de identificar las necesidades y vulnerabilidades en todos los niveles: local, nacional, regional, y global.

Para combatir el crimen, es preciso cerrar las fisuras a través de intervenciones de la seguridad (económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, comunitaria, y política[3]) en conjunto, de forma exhaustiva, pero sobre todo en clave de sostenibilidad. De lo contrario, los actores y mercados criminales seguirán aprovechando los vacíos dejados por el Estado, y se pasará a un escenario de gobernanza criminal sin respeto por las instituciones, el estado de derecho y los derechos humanos. Por consiguiente, los Estados en LAC están invitados a repensar las políticas públicas de seguridad en materia criminal.

Teniendo en cuenta los enfoques tratados con anterioridad (el tratamiento de la violencia, enfoque de necesidades y vulnerabilidades, la seguridad en diferentes dimensiones), una política en materia criminal debe tener al menos los siguientes componentes: prevención, control, represión, judicialización[4] y resocialización como se muestra en la figura 1. El proceso de repensar la política pública en materia criminal implica pasar de una interpretación diacrónica (horizontal) y separada, a una sincrónica (vertical) en la que se diseñen, implementen y evalúen estrategias coordinadas en el tiempo. Adicionalmente, se requieren liderazgos por parte de los Estados para que proyecten la política en prospectiva en diferentes momentos: a corto plazo (1 a 5 años), mediano plazo (5 a 10 años), largo plazo (30 años) y de forma más audaz a 50 años o más. Si se actúa diferente, es probable que se obtengan resultados diferentes, especialmente en la lucha contra el crimen.

Figura 1

Enfoque de política pública en materia criminal.

Nota. Elaboración propia.

Referencias Bibliográficas

Banco Interamericano de Desarrollo – BID. (2017). Los costos del crimen y la violencia. BID.

Fondo Fiduciaro de las Naciones Unidas para la seguridad humana – FFNUSH. (2016). Manual de Seguridad Humana. Dependencia de Seguridad Humana – Naciones Unidas.

Galtung, J. (2016). La violencia: cultural, estructural y directa. En I. E. Estratégicos, Cuadernos de Estrategia (pp. 147-168). Ministerio de Defensa.

Maslow, A. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396. https://doi.org/10.1037/h0054346

Navarro, J. (2019, Octubre 21). La pirámide de Maslow. McGraw Hill Economía. https://www.mheducation.es/blog/la-piramide-de-maslow

Organización Mundial de la Salud – OMS. (2002). Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. (1994). Informe sobre Desarrollo Humano 1994. Oxford University Press.

[1] La estimación de cuánto contribuye cada país al costo total de los homicidios en la región es la siguiente: Brasil 52%, México 19 %, Colombia 12 %, Honduras 4 %, Argentina 3 %, Guatemala 2 %, El Salvador 2 %, Ecuador 1 %, Perú 1 %, Chile 1 %, resto de países 3 % (BID, 2017).

[2] La Organización Mundial de la Salud – OMS (2002) define la violencia como: El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

[3] Dimensiones de la seguridad humana (PNUD, 1994).

[4] Cuando la amenaza no ponga en peligro la subsistencia del Estado o para la vida de los ciudadanos.