La Política Criminal frente al uso de menores en estructuras criminales: Fragmentación, retos y respuestas urgentes

Resumen

En el presente escrito se examina el reclutamiento de menores por organizaciones criminales en Colombia, su instrumentalización táctica en contextos urbanos y las respuestas institucionales. A través de un análisis jurídico y político, se proponen reformas para una Política Criminal integral que enfrente esta amenaza con eficacia y enfoque restaurativo.

 

Palabras clave: Reclutamiento infantil; crimen organizado; política criminal; menores de edad; justicia juvenil; seguridad urbana.

 

Este artículo fue escrito semanas antes del atentado contra el senador Miguel Uribe el pasado 07 de junio, cuando el fenómeno del reclutamiento de menores por estructuras criminales volvía a asomarse en informes institucionales, pero no en el centro del debate nacional. Sin embargo, los hechos recientes lo hacen más urgente: un adolescente de 15 años, con un arma de fuego, fue detenido tras atentar contra la vida de un senador de la República en plena vía pública de Bogotá.

 

En Colombia, el reclutamiento infantil ha mutado, trasladándose desde las zonas rurales hacia entornos urbanos. Organizaciones criminales como carteles, bandas locales y redes de microtráfico han desarrollado nuevas formas de captar menores, adaptando sus estrategias a contextos urbanos, lo que plantea desafíos complejos para la política criminal, la inteligencia estratégica y la investigación penal del Estado colombiano (Defensoría del Pueblo, 2021; ACAPS, 2024).

 

El presente documento ahora cobra una vigencia dolorosa. Porque el caso de Bogotá demuestra que ya no estamos hablando de zonas marginales o conflictos armados periféricos. Estamos hablando de nuestras capitales, de nuestros adolescentes, de nuestras ciudades. De nuestra gobernabilidad.

 

Modalidades de captación y control

Las estructuras criminales emplean tácticas que se aprovechan de contextos de precariedad social, institucional y familiar. Según ACAPS (2024), algunas de las modalidades más frecuentes incluyen:

• Inducción al consumo y endeudamiento: Introducen al menor en el consumo de sustancias psicoactivas para luego obligarlo a distribuir drogas como forma de “pago”.
• Relaciones de confianza y liderazgo barrial: Figuras adultas influyentes en la comunidad ofrecen dinero o protección a cambio de lealtad y colaboración.
• Reclutamiento digital: Plataformas en línea permiten a los grupos criminales identificar y atraer menores a través de promesas de dinero fácil o reconocimiento (InSight Crime, 2023).
• Cooptación familiar: En hogares donde el delito está normalizado, los menores se incorporan desde temprano a redes delictivas.

 

Figura 1. Modalidades predominantes de captación de menores por organizaciones criminales en Colombia.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ACAPS (2024) e InSight Crime (2023).

Estas prácticas no son improvisadas. Responden a una racionalidad operativa que busca reducir los riesgos penales para las estructuras criminales, usando al menor como herramienta descartable.

 

Uso táctico de menores: ventajas criminales y consecuencias sociales

El uso estratégico de menores por parte de organizaciones criminales se basa en su doble invisibilidad: jurídica y social. Según UNICEF y el ICBF (2023), los menores captados cumplen roles específicos dentro de estas organizaciones:

• Campaneros: Alertan sobre operativos de las autoridades.
• Transportadores: Trasladan drogas o armas, aprovechando su bajo perfil.
• Distribuidores: Venden sustancias ilícitas, especialmente en entornos escolares.
• Ejecutores de violencia: Se les encarga participar en agresiones como forma de probar su lealtad.

 

La inclusión progresiva de adolescentes en la cadena criminal fortalece la operatividad de las bandas. Su edad no solo ofrece “ventajas penales” ante la ley, sino que representa una oportunidad estratégica para el crimen organizado, que los entrena, controla e incluso desecha.

Además, la participación activa de adolescentes en hechos violentos de alta connotación es cada vez más frecuente. Informes de campo revelan su participación en homicidios por encargo, control territorial, vigilancia armada de puntos de microtráfico y extorsión local (UNICEF Colombia, 2025). Esta funcionalización del adolescente como operador táctico reconfigura el escenario del crimen urbano, generando nuevas tensiones para las autoridades judiciales y de protección.

A nivel comparado, fenómenos similares han sido documentados en México y Brasil, donde las estructuras criminales captan adolescentes en barrios marginales y los vinculan a acciones de sicariato, vigilancia y narcotráfico. En Colombia, la ausencia de cifras sistematizadas dificulta dimensionar con precisión la magnitud del fenómeno, pero los casos visibles apuntan a una tendencia creciente.

Aunque jurídicamente sean considerados víctimas, su implicación consciente en operaciones ilícitas —como atentados, asesinatos o actividades de control criminal— exige respuestas más sofisticadas desde el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), sin caer en la criminalización generalizada, pero tampoco en la ingenuidad punitiva.

 

Respuestas institucionales: entre la fragmentación y la ineficacia

El Estado colombiano ha respondido de forma tardía, dispersa y con escasa capacidad de anticipación. Entre las principales fallas se identifican (Defensoría del Pueblo, 2021):

 

• Enfoque punitivo mal dirigido: Se judicializa a los menores sin atacar a quienes los reclutan.
• Débil inteligencia criminal: La información es fragmentada y no permite acciones preventivas eficaces.
• Descoordinación interinstitucional: El ICBF, la Policía, la Fiscalía y los gobiernos locales carecen de protocolos unificados.
• Asimetría territorial: Las respuestas son desiguales, concentradas en grandes ciudades y ausentes en zonas intermedias.

A esto se suma la falta de formación especializada del personal que atiende estos casos, la baja cobertura de programas de protección, y la inestabilidad financiera de muchas iniciativas preventivas.

Figura 1. Número de casos registrados de reclutamiento infantil en Colombia entre 2021 y 2024.

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones de Defensoría del Pueblo y UNICEF (2023).

Además, las políticas públicas continúan enfocándose en acciones reactivas: atención tras el delito, pero no prevención efectiva. En muchas zonas urbanas, especialmente en ciudades intermedias, el crimen organizado actúa con total ventaja frente a instituciones debilitadas o inexistentes.

 

El Congreso de la República, por su parte, ha sido tímido o límitado en la creación de leyes que fortalezcan la inteligencia social, el cruce de bases de datos y la articulación real entre entes nacionales y territoriales. A su vez, la ausencia de reformas al SRPA limita el tratamiento de casos donde el menor no actúa como víctima pasiva, sino como actor operacional de una estructura criminal.

 

Propuestas para una política criminal integral

En este escenario, urge una política criminal que no sea solo reactiva ni simbólica, sino que integre los siguientes ejes estratégicos:

 

• Prevención estructural y territorial: A través de inversión social focalizada en zonas de alto riesgo, con programas educativos, culturales y de empleo juvenil.
• Inteligencia criminal con enfoque diferencial: Recoger información local, identificar patrones de captación y generar alertas tempranas.
• Investigación penal ascendente: Enfocar esfuerzos en desarticular estructuras, no solo capturar al menor como único responsable.
• Justicia restaurativa con exigencia legal: Garantizar protección y reintegración, pero también sanción proporcional cuando exista participación activa y estratégica del adolescente.

Este modelo debe ser liderado por la Fiscalía General de la Nación, el ICBF, la Policía Nacional, los entes de control y los gobiernos locales, mediante una agenda común, con presupuesto asignado, cronograma y evaluación de impacto (UNICEF & ICBF, 2023; ACAPS, 2024).

 

Experiencia comparada: En Chile, el sistema de protección de la infancia implementó unidades especializadas de detección temprana y seguimiento de adolescentes en riesgo, con resultados positivos en prevención. En Medellín, programas como “Parceros” o “Jóvenes sin Fronteras” han mostrado que el acompañamiento territorial sostenido puede reducir los índices de reclutamiento. Estas experiencias deben escalarse nacionalmente y conectarse con una política criminal que no excluya el componente represivo cuando sea necesario, pero lo ubique dentro de una estrategia integral.

 

El caso del adolescente que atentó contra un senador: un síntoma grave

Este artículo fue redactado inicialmente con el propósito de alertar sobre los vacíos estructurales frente al reclutamiento infantil urbano. Sin embargo, los hechos ocurridos el pasado 7 de junio de 2025 en Bogotá obligan a recontextualizar su urgencia. Un adolescente de 15 años fue capturado luego de atentar contra el senador Miguel Uribe en plena vía pública. Lo que en otros tiempos hubiera sido calificado como un hecho aislado de violencia juvenil, debe leerse hoy como una expresión directa de la mutación del crimen organizado urbano.

La Ley 1098 de 2006 establece que los adolescentes entre 14 y 18 años son penalmente responsables bajo un sistema especializado que reconoce su condición de menores, privilegiando la protección integral y la justicia restaurativa. Sin embargo, cuando un adolescente actúa bajo órdenes, con planeación, acceso a armas y objetivos definidos, es claro que su participación no fue espontánea ni desconectada de una estructura criminal más amplia.

Este caso no se reduce a la aprehensión del menor. Exige una lectura estratégica: ¿quién lo orientó?, ¿cómo accedió al arma?, ¿qué lógica subyace al hecho? Son preguntas que deben ser resueltas en la investigación penal si se pretende cortar el fenómeno desde la raíz. En este contexto, focalizar la atención exclusivamente en el menor sería una respuesta parcial y funcional al continuismo de la impunidad.

 

Más allá de su edad, el adolescente fue utilizado como una herramienta para ejecutar un acto de violencia política. Y eso es lo que debe mover al Estado a actuar con toda su capacidad investigativa, preventiva y legislativa. Lo que está en juego no es solo el futuro de un joven, sino la solidez misma de las instituciones democráticas. Permitir que estructuras criminales utilicen a menores como armas humanas con fines de intimidación política o control territorial es dejar expuesta la columna vertebral del Estado de Derecho.

 

Lo que está en juego: seguridad ciudadana y credibilidad institucional

 

El intento de homicidio contra un senador revela que el fenómeno del reclutamiento infantil no se limita al ámbito social o al control de economías ilegales. Estamos frente a una amenaza directa a la seguridad democrática, donde el crimen organizado está usando menores para atacar el núcleo de la representación política y la institucionalidad. No es un dato menor. Es una advertencia categórica de que los grupos ilegales están cruzando líneas que no se pueden permitir.

Si las instituciones no logran interceptar esta nueva modalidad —ni prevenirla ni sancionarla con inteligencia—, el mensaje para los grupos criminales será claro: se puede operar desde las sombras usando menores sin que haya consecuencias reales. Y para la ciudadanía, el resultado será la pérdida progresiva de confianza en la justicia y en el Estado como garante de protección.

Por lo anterior, este caso debe dar lugar a reformas urgentes en al menos tres dimensiones:

1. Investigación penal estructural: La respuesta no puede detenerse en el ejecutor directo del hecho. Debe escalarse hacia los responsables intelectuales, logísticos y funcionales de la operación. Las redes que reclutan adolescentes para este tipo de acciones deben ser judicializadas con enfoque diferencial, pero también con contundencia.
2. Inteligencia preventiva y comunitaria: La prevención no es un asunto de discursos sino de acción territorial efectiva. Es indispensable fortalecer las redes de inteligencia comunitaria, los sistemas de alerta temprana y la articulación entre entes territoriales y nacionales para anticipar patrones de captación de menores.
3. Reforma del SRPA: Sin abandonar su enfoque garantista, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes necesita una revisión técnica que le permita responder a hechos de alta complejidad. Casos donde adolescentes son usados por organizaciones criminales para ejecutar homicidios, atentados o extorsiones no pueden ser tratados con el mismo enfoque que un hurto simple o una riña escolar. Se requieren rutas especializadas que combinen justicia restaurativa, protección reforzada y un tratamiento penal diferenciado según el grado de participación y conciencia del menor.

 

Estas reformas no deben ser utilizadas para justificar políticas punitivas generalizadas. Muy por el contrario, deben surgir del compromiso ético de garantizar derechos sin ceder territorio a la criminalidad. El enfoque de derechos no puede ser sinónimo de impunidad, y el control penal no puede sustituir la ausencia de una política pública de infancia sólida y coherente.

 

Conclusiones

El reclutamiento infantil por organizaciones criminales en Colombia no es un fenómeno nuevo, pero su transformación en entornos urbanos y su instrumentalización para delitos de alto impacto exige una revisión profunda de nuestra política criminal, nuestros marcos institucionales y nuestras estrategias de prevención.

Hoy sabemos que las organizaciones criminales actúan con racionalidad: captan menores porque representan un recurso útil, menos perseguido por la justicia y más fácil de moldear social y psicológicamente. Su uso táctico no es accidental, sino estratégico. Y el Estado colombiano, lejos de anticiparse, ha respondido con fragmentación, lentitud y acciones desarticuladas.

Los programas de prevención existen, pero su cobertura es baja y su sostenibilidad frágil. Los operadores de justicia intentan actuar, pero carecen de información integrada y herramientas para intervenir antes del hecho consumado. Las rutas de protección están sobrecargadas y mal coordinadas. Y mientras tanto, los adolescentes siguen siendo utilizados como carne de cañón por estructuras delictivas que ya no se esconden en la selva, sino que se infiltran en las ciudades, los colegios, las redes sociales y las dinámicas comunitarias.

El caso del adolescente implicado en el atentado contra un senador no puede pasar como una anécdota trágica. Debe ser el punto de inflexión para asumir que el reclutamiento infantil no es solo un problema de niñez, sino de seguridad pública, gobernabilidad y justicia. Las respuestas punitivas aisladas no bastan. Tampoco lo hace la retórica institucional.

La solución exige una política criminal integral, articulada y con enfoque territorial. Que combine prevención estructural, inteligencia social, justicia restaurativa y acciones penales ascendentes. Que proteja a los menores sin convertirlos en pararrayos de un sistema que no se atreve a llegar a los verdaderos responsables. Que intervenga comunidades con abandono estructural, pero también persiga a los adultos que, desde el anonimato, diseñan operaciones con menores como ejecutores.

Finalmente, Colombia necesita una política de seguridad ciudadana y protección de la infancia que no esté supeditada a coyunturas o reacciones mediáticas. Lo que está en juego no es solo la vida de un adolescente. Es la capacidad del Estado para impedir que las redes criminales sigan usando a nuestros jóvenes como armas de guerra en medio de una paz que aún no llega.

 

Referencias Bibliográficas

• ACAPS. (2024). Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Recuperado de: https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Additional_resources/20240415_ACAPS_Colombia_Analysis_Hub_Child_recruitment_and_use_Spanish.pdf
• Defensoría del Pueblo. (2021, 28 de septiembre). Alerta de inminencia por riesgo de reclutamiento de menores por disidencias de las Farc en Amazonas. Recuperado de: https://www.defensoria.gov.co/en/-/alerta-de-inminencia-de-la-defensor%C3%ADa-por-riesgo-de-reclutamiento-de-menores-de-edad-por-las-disidencias-de-las-farc-en-amazonas
• InSight Crime. (2023, 14 de noviembre). Pese a los diálogos de paz, grupos armados colombianos siguen reclutando menores. Recuperado de: https://insightcrime.org/es/noticias/pese-a-los-dialogos-de-paz-grupos-armados-colombianos-siguen-reclutando-menores/
• UNICEF Colombia. (2025, 12 de febrero). Día de las Manos Rojas 2025: Más de 1.000 niñas, niños y adolescentes reclutados en 5 años. Recuperado de: https://www.unicef.org/colombia/historias/dia-de-las-manos-rojas-2025

UNICEF & ICBF. (2023). Estudio de caracterización de niñez desvinculada de grupos armados organizados al margen de la ley (2013-2022). Recuperado de: https://www.unicef.org/colombia/media/10781/file/Estudio%20de%20caracterizaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1ez%20desvinculada%20de%20grupos%20armados%20organizados%20al%20margen%20de%20la%20ley%20%282013-2022%29.pdf